La expresión Estado de derecho en el lenguaje jurídico es una de las más usadas, otro tanto ocurrió con la frase Estado de bienestar que estuvo vigente en los albores de la Segunda Guerra Mundial. Para el Estado de derecho, según uno de sus principales autores (Hayek) la justicia social, conducirá inevitablemente a socavar los fundamentos de la sociedad. No es casual, entonces, que, cuando se habla en los foros públicos, sobre el Estado de derecho, no se esté hablando del derecho que tiene todo el pueblo a tener derechos, se habla más bien de las garantías que debe tener el capital a no ser estorbado en el proceso productivo y de esta manera obtener el máximo de ganancia. Son las leyes del mercado las que deben determinar el funcionamiento social y no al revés.
El Estado de derecho, como expresión del neoliberalismo, vino a separar lo que nunca debió separarse, el Estado y el mercado, con esta separación, se terminó de cercenar principios básicos de humanismo y de soberanía de algunos Estados, sobre todo de aquellos Estados con profundas debilidades.
Para Stefan Kaiser, considerado como uno de los especialistas internacionales en derecho con más influencia, en su trabajo: “El ejercicio de la soberanía de los Estados”, dice que “la soberanía está arraigada en el concepto de Estado. Solo el Estado tiene soberanía. Solo el Estado —a través de sus órganos puede ejercer los derechos legales y la autoridad de los poderes del Estado. Ninguna persona, ni física ni moral, puede asumir tales derechos soberanos, a menos que sean del Estado y actúen con la capacidad de uno de esos órganos. La soberanía es independiente de la forma de gobierno de un Estado. El concepto de soberanía se aplica a las democracias, así como a monarquías y dictaduras... El ejercicio de los derechos soberanos no debe ser confundido con el ejercicio de facto del poder, del poder económico o de la influencia política”.
Sorprende, en el caso de Honduras, que en el gobierno anterior se haya cercenado la soberanía al hacer reformas y aprobar leyes que le otorgaron facultades que son privativas del Estado hondureño a las llamadas Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) y más sorprende que cuando se quiere revertir esa anormalidad se encuentren tantas dificultades.
Primero el Congreso Nacional derogó la normativa que le daba vida a las ZEDE, cuando se produjo la derogación el Parlamento indicó que toda la normativa referente a la existencia de las zonas de desarrollo carecen de valor, y luego se dijo, en una aparente contradicción, que las reformas entrarían en vigor una vez que fuesen ratificadas en la siguiente legislatura del 2023.
La Sala Constitucional resolvió en favor de una solicitud demandando la anulación de la normativa de las ZEDE, el fallo emitido no es definitivo, puesto que tiene que ir al pleno de la Corte. No obstante, el debate mediático no toma en cuenta ese hecho y va más allá, señalando que detrás de ese fallo se esconde algo más, cayendo en la especulación. Esto nos debilita como nación frente a un acto de defensa de la soberanía.
Así son las cosas en este desventurado país.
