En Honduras es muy frecuente decir que es necesario realizar reformas y cambiar leyes para profundizar la democracia y mejorar el sistema electoral. Y en efecto, se hace necesario hacer reformas legales pero antes, hay que hacer funcionar un verdadero Estado de Derecho en donde las leyes realmente se cumplan. Reformas electorales sin modificar la base ético-institucional, correrán la misma suerte estéril de las leyes actualmente vigentes. Es indispensable que exista fortaleza y consistencia en las instituciones con funcionarios u operadores legítimos, comprometidos y capacitados para cumplir las leyes en su letra y en su espíritu.
Un ejemplo para explicarnos mejor: en el caso de los diputados, primero debería cumplirse correctamente con lo establecido hasta hoy, en los Artículos 46 y 202 de la Constitución, los que ordenan claramente cumplir con el principio de la representación proporcional y el cociente electoral para determinar el numero correcto de escaños por departamento. Actualmente, por incumplimiento de la ley y sobre todo por negligencia de los funcionarios que han pasado por los organismos electorales, vamos nuevamente a elecciones primarias y luego a generales, violentando la constitución de la Republica. Habría que agregar también, los incumplimientos en otro montón de normas. El punto es hacer reformas sobre una base que garantice cumplimiento y avanzar realmente.
Son tantas las violaciones a la propia constitución, a las leyes electorales y a otras leyes claves, que ya ni siquiera nos asustamos (algo similar nos ocurre respecto a la miseria, la violencia y la corrupción), haciendo que el país persista empantanado en la impunidad, en el atraso y desorden, cual Estado aporético y fallido. Es absurdo aspirar a cambios y reformas políticas, mientras no se instaure una sólida cultura de cumplimiento y de control, que nos lleve a identificar las lagunas jurídicas, las inconsistencias y las debilidades del deliberado marasmo de leyes actuales (aproximadamente 10,000), para resolver las urgencias y necesidades del país.
Teníamos la esperanza en que con la conformación del tripartidismo político, se plasmarían cambios en varias dimensiones del país incluyendo el sistema electoral. Lastimosamente, continuamos en lo mismo o peor, a cómo eran en esencia, las cosas a principios de los años ochenta. En el mencionado ejemplo, nos aprestamos a elecciones irrespetando la distribución correcta del numero de diputados por departamento. Seguiremos padeciendo las consecuencias de departamentos subrepresentados y otros, sobre representados.
En colusión con los demás desajustes que sufre la Nación. Con el telón de fondo de un poder legislativo improductivo, opaco, derrochador e inútil para los pesos y contrapesos.
El departamento de Cortés el más poblado, debe tener 25 curules, pero lo mantienen con 20. Otros departamentos subrepresentados son: Comayagua, Colon, El Paraíso y Olancho. Otros en cambio, están sobre representados y deberían reducir su número: Santa Bárbara, Choluteca, Valle, Copán y Atlántida. El resto, no amerita cambios.
Todos estos ajustes deben hacerse por los cambios demográficos (principios de isegoría e isocromía). El cociente electoral ha variado dinámicamente. Para las elecciones de 2005 correspondió un diputado por cada 51,000 habitantes; en 2013 por cada 65,000 habitantes, para 2021 llegó a casi 74,000 y, para 2024/25 alcanza los 77,300 aproximadamente, hablando de un total de 128 diputados.
En el presente momento tecnológico, no queda más que marchar hacia las primarias, caminando con esas piedras en los zapatos o bien, descalzos, sangrando y trastabillando en pos de la democracia y el desarrollo.
