Una constante en la historia nacional es el delegar en naciones, empresas y personas extranjeras el desarrollo económico hondureño por parte de las élites de ambos partidos tradicionales, a cambio del otorgamiento de lo que solicitan, y mucho más, lo que el historiador Darío Euraque acertadamente califica de “tragedia concesionaria”.
A partir de 1880, durante la administración Soto, se estableció el primer enclave, el minero, en San Juancito, estableciendo la Rosario Mining Co. por la familia Valentine de Nueva York, siendo uno de los principales accionistas el presidente Soto, lo que explica su fortuna personal que le permito radicar en París tras su renuncia al poder en 1883.
El otorgamiento de exenciones tributarias en la importación de maquinaria y equipos constituyó parte del sacrificio fiscal estatal debido a la no percepción de impuestos al capital extranjero invertido localmente. Cuando surgieron conflictos entre este y las comunidades aledañas, por la explotación de sus recursos naturales y la contaminación ambiental, los gobiernos tendieron a favorecer a las empresas.
El enclave bananero en la costa norte ya estaba consolidado para la segunda década del siglo XX, bajo el sistema de plantaciones capitalistas. Su expansión y diversificación económica también se manifestó en la política interna hondureña, respaldando a determinados candidatos liberales o nacionalistas, de acuerdo a sus conveniencias, proporcionándoles armas, dinero y mercenarios para la consecución de sus ambiciones.
El enclave militar, a partir del gobierno de Gálvez, con la firma del Convenio Militar entre Honduras y Estados Unidos (1954), la incorporación de anexo (1982), bajo la presidencia de Suazo Córdova facilitó la instalación de la base de Palmerola y el Centro Regional de Entrenamiento Militar en Trujillo, que permitió a tropas salvadoreñas, invasoras en 1969, adiestrarse en territorio nuestro.
La aprobación legislativa de la Ley de Regiones Especiales de Desarrollo (Ciudades Modelo) en el cogobierno Lobo-Hernández (2012), la reforma a los artículos constitucionales 294, 303, 329, la destitución de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional, reemplazados por incondicionales al régimen que denegaron el recurso de amparo interpuesto por organizaciones de la sociedad civil, la instalación de tres Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) en Roatán, Choloma y San Marcos de Colón se inscriben en este contexto de venta de la soberanía nacional, otorgamiento de extraterritorialidad, definida como otorgamiento de inmunidades y privilegios a instituciones extranjeras para regirse por las leyes de su país de origen, no por el ordenamiento jurídico de la nación anfitriona, se inscriben en este contexto.
El fallo de la actual Corte Suprema de Justicia declarando ilegales, desde su origen, a las ZEDE y el decreto 236-2012 que vulneran nuestra ley fundamental, calificado por la presidenta Castro de constituir una “decisión patriótica, histórica, justa, legal”, ha merecido la aprobación de todo aquel compatriota, más allá de filiación política, que ama a Honduras más que a lo foráneo, posee dignidad y civismo, hace suyo la defensa de la soberanía patria y el derecho a nuestra autodeterminación.
En sentido contrario, aquellos y aquellas que son extranjeros en su propia patria, manifiestan su rechazo y condena.
La historia no solo absolverá, aplaudirá igualmente el fallo de las magistradas y magistrados de nuestro actual Corte Suprema de Justicia. Gracias a ustedes por tan valiente y necesaria decisión.
