El requerimiento a los generales Romeo Vásquez, Venancio Cervantes y Carlos Puerto, plantea grandes desafíos para el Ministerio Público. Obligado a representar los intereses de la ciudadanía y a la pronta y correcta administración de justicia, el emitir requerimientos sin el fundamento necesario, le perjudica.
Lo absurdo en pretender la existencia de nexo causal entre la autoridad de los procesados y el lamentable fallecimiento del joven Murillo en una manifestación, pacífica, insisten, pero que no lo fue.
El ingreso con violencia a las instalaciones del aeropuerto, los disparos al interior de la manifestación. Hechos impunes. ¿Por qué no se investigó? 15 años después se desconocen, la trayectoria y procedencia de la bala.
El origen pudo ser de los dos grupos. Bala viva hubo en ambos. Pero no son suposiciones en las que deben sustentarse las acusaciones ni de uno ni otro lado. Es la verdad científica la que hay que buscar. La justicia no está para complacer peticiones. Ni siquiera es de atreverse a exigir que se establezca como verdad la que uno cree. Es de pedir la investigación plena que arroje la verdad, sea de agrado o no de los poderosos de turno.
Todo se esfumó en un Pacto de Cartagena. Arbitrariedad y arraigo de la impunidad bajo ideas paradójicas como que serviría para recuperar la unidad hondureña. Radical se nos llamó cuando, vez tras vez, nos opusimos a la amnistía, léase total impunidad, que aquel pacto contenía. Porque al final solo al presidente Zelaya y a sus cómplices, beneficiaría.
Los autores de diversos delitos regresarían como honrados ciudadanos, sin serlo, con sed de venganza y acicateada su noción del Estado botín. Tal cual. Hay que ser muy iluso o muy irresponsable para confiar en la palabra o en la firma del presidente Mel Zelaya.
El caos que propicia es premeditado y manejado a su conveniencia. Bueno, aquí están los resultados. Ahora solo queda exigir la correcta aplicación de justicia a quienes asumieron precisamente para no hacerlo.
