Nos guste o no, las exoneraciones fiscales en Honduras y en otras naciones del mundo que buscan ser competitivas, son un instrumento indispensable para fomentar la inversión, el crecimiento y la creación de empleo. Estas políticas, que en Honduras benefician a sectores estratégicos como el turismo, la energía renovable, la agroindustria y la manufactura, no son un capricho de gobiernos anteriores, sino una herramienta diseñada para atraer capital en un mundo donde los países compiten ferozmente por inversiones. Los incentivos fiscales permiten que empresas y empresarios, tanto nacionales como extranjeros, consideren el país como un destino atractivo para invertir, establecerse y, en última instancia, generar empleo.
A través de estos incentivos, el país reduce las barreras iniciales para los inversionistas, quienes enfrentan una competencia global por decidir dónde colocar sus capitales. La lógica es clara: si un inversionista evalúa dos países con condiciones similares, la presencia de exoneraciones fiscales puede inclinar la balanza hacia un país. Estos incentivos no solo contribuyen a la creación de empleos directos, sino que generan cadenas de valor y empleos indirectos, lo que tiene un impacto positivo en la población, elevando el nivel de vida y mejorando las condiciones sociales.
Algunos críticos desde el gobierno, y un militar -quienes nunca han tenido ni siquiera una pulpería-, han comenzado a satanizar a los empresarios y a las empresas que se benefician de estas exoneraciones, acusándolos de evadir responsabilidades fiscales. Sin embargo, este tipo de discursos ignoran la realidad de cómo se construyen las economías sostenibles.
Decía Ludwig Von Mises, economista y filósofo austríaco: “Todas las personas, por muy fanáticas que sean en su afán de desprestigiar y combatir el capitalismo, le rinden homenaje al clamar por los productos que genera”. Las exoneraciones no son regalos; son apuestas que hacen los gobiernos para incentivar a las empresas a producir y generar empleos. Es una visión a largo plazo que genera beneficios para toda la sociedad.
Los empresarios y las grandes corporaciones no son los villanos. Al contrario, son los motores que dinamizan la economía. Es en la empresa privada, y no en el gobierno, donde se genera la riqueza. El gobierno, al final, no produce nada: solamente administra, regula, y en el mejor de los casos, incentiva. En cambio, la empresa privada es la que genera empleos. Sin empleo no hay consumo, y sin consumo no hay prosperidad.
Irónicamente, ese ataque a la empresa privada es un ataque directo al bienestar de la ciudadanía; los que demonizan las exoneraciones se olvidan que son las empresas las que pagan los salarios que permiten que las familias obtengan alimentos, ropa y vivienda. Es fácil condenar al sistema cuando nunca se ha tenido que pagar una nómina, negociar con proveedores, o arriesgar el patrimonio personal para abrir un negocio. Criticarlo desde la tribuna, sin haber sudado nunca por levantar una empresa, no es más que ignorancia condimentada con envidia y disfrazada de justicia.