Honduras, con su gobierno “socialista” y padrino de pactos de impunidad, queda por decimoquinto año consecutivo fuera de los fondos de la Cuenta del Milenio para 2025. Ha sido “aplazada” nuevamente en ocho de los 20 indicadores, entre los cuales destaca el control de la corrupción. El país obtuvo una calificación de 15% en ese indicador, cuando debió haber alcanzado al menos un 50%, ya que es uno de los tres requisitos indispensables que establece la Corporación para poder acceder a los fondos asistenciales.
Asimismo, es importante establecer que Honduras no ha podido alcanzar dicho parámetro a pesar de que solamente se está comparando con 28 países a nivel mundial, que mantienen condiciones económicas similares.
Y no es solo en el control de la corrupción, sino también en otros indicadores en los que Honduras reprobó: imperio de la ley (15%), acceso al crédito (37%), efectividad del gobierno (22%), libertad de información (50%), gasto en educación (46%), tasa de vacunación (30%) y tasa de finalización de la educación secundaria en niñas (27%).
Un analfabetismo moral total, con una gobernanza inoperante, con instituciones y políticas diseñadas para gestionar el fracaso, en un sistema que no funciona correctamente. La falta de coordinación entre entidades, corrupción e ineficiencia administrativa nos da como resultado la aniquilación del desarrollo social y económico.
Honduras solo fue incluida una vez, en 2005, en la primera etapa de la Cuenta del Milenio, recibiendo un total de 215 millones de dólares no reembolsables. Los recursos fueron aprobados durante la gestión del expresidente Ricardo Maduro, pero se utilizaron en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales (2006-2009) para la construcción del Canal Seco y el impulso a la producción agrícola.
Después de la gestión de Maduro, solo hemos recibido negativas para acceder a la Cuenta del Milenio, donde Honduras debe aprobar al menos 10 de los 20 indicadores evaluados por el programa estadounidense. Sin embargo, con que se aplace en el índice de corrupción, automáticamente el país queda fuera de la asistencia. Es decir, lograr lo imposible en un país donde cada gobierno jefea mafias de corruptos con tentáculos que ahogan el Estado.
Pero, según el gobierno de Castro, la culpa es de la sociedad civil, por denunciar los resultados negativos en investigaciones sobre control de la corrupción, que sigue siendo uno de los mayores obstáculos para el desarrollo sostenible y la prosperidad de las naciones.
Claro, es más fácil tragarse la corrupción que aceptar las componendas que sostienen los pactos de impunidad, amnistías a personajes que han hecho una carrera delictiva, protegiendo a individuos implicados en actos de saqueo público y violaciones a derechos humanos, con una asquerosa y puntual manipulación judicial, con vínculos entre el crimen organizado y la política, y una burla soez a la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Para rematar, le han dado rienda suelta a las bajas pasiones de la impunidad al eliminar el tratado de extradición que mantenía el país con Estados Unidos. Una medida con implicaciones graves ante la negativa de cooperación en la lucha contra el narcotráfico.
Con estas perlas de antecedentes se perpetúa la pobreza, el crimen y la desigualdad. Por lo tanto, las Cuentas del Milenio, que buscan promover el desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza, no pueden permitirse el lujo de invertir en países donde los fondos son malversados, alimentando las cuentas de grupos familiares inflados por el poder y la codicia.
El gobierno, en su abominable soberbia, no acepta sus horrores y errores, creando un efecto desmoralizador en la sociedad, fomentando una cultura de impunidad y deshonestidad, donde las reglas se pueden romper y los atajos se pueden tomar sin consecuencias. hundiendo la moral pública.
