En Honduras, el domingo 9 de marzo del año 2025 se llevaron a cabo las elecciones primarias e internas, en un ambiente convulso por múltiples denuncias de fraude y la acusación de un complot institucional que involucra a las Fuerzas Armadas, el Consejo Nacional Electoral, la ministra de Defensa y precandidata presidencial del Partido Libre, la cúpula de dicho partido y la Presidencia de la República, con el objetivo de conspirar para retrasar la entrega de maletas electorales y atentar contra el libre ejercicio del sufragio, pretendiendo la manipulación del sistema electoral como herramienta de control para perjudicar totalmente el ejercicio del sufragio principalmente en la capital, Tegucigalpa, y San Pedro Sula, ciudades de mayor carga electoral.
Felizmente, el pueblo hondureño, representado por su valiente y patriótica ciudadanía (electores o votantes), a lo lejos lograron ver el gran fraude electoral perverso orientado a socavar el sistema democrático hondureño, reaccionaron, y votaron llenos de civismo, salvando la democracia hondureña. Ellos son los héroes.
Lo sucedido en las elecciones primarias fue un delito oficial electoral, un ataque al voto público y a la libertad del sufragio, violación de las garantías individuales deteniendo a los electores mediante la tardanza en la entrega de maletas electorales, todos estos actos de sabotaje condujeron a fraudes electorales evidenciados públicamente.
Constitucionalmente, las Fuerzas Armadas se definen como apolíticas y no deliberantes, fallaron en su obligación de proteger el libre sufragio, custodiar y transportar el material electoral. Esta presunta violación de la Constitución representaría un delito administrativo y penal, así como un atentado contra los derechos políticos de la ciudadanía.
La ciudadanía hondureña demanda retirar las Fuerzas Armadas del proceso de las elecciones generales, lo mismo que retirar del CNE las representaciones de los partidos políticos, además, establecer las reformas legales pertinentes para asegurar transparencia y evitar el uso malintencionado de recursos estatales.
Existen temores de que otros sectores políticos, como el ‘‘orlandismo’’ (Papi a la Orden) del Partido Nacional o el “yanismo” del Partido Liberal, por mantener pactos de impunidad y/o presionados bajo extorsión política, económica o legal hayan cedido y/o apoyado estos actos de fraude electoral y de traición a la patria en complicidad con el “melismo” del Partido Libre. En verdad, de existir complicidad, saldrá a luz, no hay nada oculto entre cielo y tierra.
La comunidad nacional e internacional de observadores electorales desempeñó un papel crucial al documentar las diversas formas de fraude, recogiendo testimonios y pruebas. Se exige la aplicación firme de la justicia, con sanciones penales y administrativas para los infractores, remoción de sus cargos, suspensión de derechos políticos y, de ser necesario, penas de prisión.
La evidencia pública de que hubo fraude puede tener un efecto dañino si no es castigado quien cometió delito electoral, porque incrementa la desconfianza de los votantes en la democracia. Queda planteado.
