En Honduras, el uso de redes sociales por parte de funcionarios públicos ha alcanzado niveles alarmantes de hostilidad. La investigación de la Red de Defensa para la Democracia (RDD) presenta un cuadro estremecedor: muchos de nuestros representantes han hecho de las redes su principal arma de denigración, insulto y división, en lugar de usarlas para promover transparencia y respeto.
El ministro de Planificación Estratégica y Prensa, Ricardo Salgado, quien se percibe a sí mismo como el más culto y educado del grupo gobernante es uno de los ejemplos más deplorables. Con 284 publicaciones en sus redes en lo que va del año 2024, donde el 87% contenían ataques directos, mostrando cómo, en lugar de plantear ideas, su discurso se enfoca en socavar a quienes considera enemigos. Lo sigue de cerca el “embajador” Roberto Quezada, quien, de 311 publicaciones, dedicó 165 a la confrontación. Estas cifras revelan una estrategia perversa donde la crítica se convierte en ataque y la diferencia de opiniones se transforma en una amenaza. Gilberto Ríos Munguía, alias “El Grillo”, es otro ejemplo alarmante. Como director ejecutivo del Fosovi, de sus 1,302 publicaciones, 526 tienen contenido agresivo, lo que muestra un desprecio por la diversidad de ideas y, más allá, por la ciudadanía misma. Esta actitud desbordada desde las instituciones del Estado transmite un mensaje inequívoco: quien no esté de acuerdo será ridiculizado o atacado públicamente.
El problema es que esta conducta no es aislada, sino parte de un patrón institucional. Otros funcionarios, como los diputados Fabricio Sandoval y Jari Dixon, siguen esta misma línea. Sandoval, con 36.7% de sus publicaciones llenas de ataques, y Dixon, con un 33.6%, ponen de manifiesto un desprecio abierto hacia el diálogo y el respeto. Estos representantes han optado por las redes como vehículos para difundir insultos en lugar de construir confianza o aportar soluciones a los problemas nacionales. Lo más grave es que esta conducta se replica desde los altos niveles del poder. Manuel Zelaya pone el ejemplo; y los “funcionarios” Marlon Ochoa y Gerardo Torres Zelaya no dudan en aprovechar sus plataformas para vilipendiar a quienes cuestionan su gestión. En lugar de representar dignamente a Honduras, han convertido sus redes en trincheras de odio y polarización, alejándose de los principios básicos del servicio público.
Esta situación es inadmisible. Los funcionarios tienen el deber de representar a todos los ciudadanos con respeto y responsabilidad. En lugar de fomentar divisiones, deberían usar su influencia para construir puentes y fortalecer la democracia. Pero lo que vemos hoy en las redes es una burla a la democracia misma. Un funcionario público que usa sus redes para intimidar a su propio pueblo no es digno de su cargo, y menos aún del respeto que conlleva. Es hora de que estos funcionarios entiendan que ya no son activistas, el respeto hacia los ciudadanos no es opcional. Aunque dicen por allá en los pueblos que “gallina que come huevos...”
