La extravagante justicia de estas honduras reparte como barajando un naipe las cartas de libertad de sus protegidos, acusados de corrupción, bajo la sombra de amnistías hechas exclusivamente para ellos, una libertad VIP, a la medida de la impunidad.
Al mismo tiempo, como funciona la maquinaria de un reloj, que marca las impúdicas horas más oscuras de este país; la Corte de Apelaciones de la ciudad de La Ceiba notifica la revocación del sobreseimiento definitivo a favor de los defensores de los ríos Guapinol, incluyendo a Juan López: asesinado a balazos hace una semana, quien era resistente defensor de la montaña de Botaderos, el Parque Nacional “Carlos Escaleras” y los ríos Guapinol y San Pedro en el municipio de Tocoa, Colón.
Como ven, la justicia para aclarar el crimen de Juan López no mueve ni una pestaña, pero para mandarlo a la cárcel después de su muerte tuvieron una velocidad vertiginosa, grotesca y criminal, como las balas que lo mataron.
Frente a estas monstruosas armas jurídicas, demandamos instituciones sólidas e incuestionables. El Poder Judicial y el Ministerio Público se encuentran sumidos en crisis de credibilidad, marcadas por la corrupción, la ineficiencia y la falta de independencia. Estas instituciones, pilares fundamentales del Estado de derecho, se han visto debilitadas por intereses particulares y presiones políticas. Una profunda depuración y reestructuración de estas instituciones es una tarea impostergable si quieren refundar el país, empiecen por allí.
¿O creen ustedes que refundar es beneficiar a corruptos públicos? Bajo decreto 04-2022, es decir una amnistía política, con el disfraz de una vía para la reconciliación y el cierre de heridas del golpe, que en realidad solo era para encubrir actos de corrupción y abusos de poder, enviando un mensaje perverso a la sociedad: que la ley no se aplica por igual a todos y que los poderosos están por encima de ella.
Al permitir que los corruptos queden impunes, se perpetúa un círculo vicioso de impunidad y enriquecimiento ilícito. Una amnistía política, lejos de contribuir a la reconciliación, no fue más que un “pacto de impunidad”, beneficiando a exfuncionarios que cometieron actos ilícitos en el ejercicio de su función pública, pero que fueron favorecidos con solo argumentar que eran “persecuciones políticas”; no como a Juan López, que, hasta el nombre era del pueblo, y que sin asco lo condenaron recién enterrado, y ustedes le pusieron la lápida del odio y la burla jurídica.
Han utilizado como una puerta abierta para que funcionarios, empleados y autoridades electas durante la administración gubernamental del 27 de enero de 2006 al 28 de junio de 2009, para que puedan acogerse a este “asqueroso pacto” por actos propios del ejercicio de su función pública. Con el cuento de la amnistía política, aprobada por una ilegal presidencia del actual Congreso Nacional, que se escuda en otro disparate “legal” que es la inmunidad parlamentaria.
Esto no es inédito, antes de Libre, ya hubo otros pactos entres delincuentes del Estado y después de Libre, también van a replicar esta “proeza” alegando persecución política.
Es fundamental distinguir entre amnistía y justicia. La primera implica un perdón general y absoluto, sin que se hayan esclarecido los hechos ni se hayan aplicado las sanciones correspondientes. La segunda, en cambio, exige una investigación exhaustiva de los delitos cometidos, un juicio justo y la aplicación de las penas establecidas en la ley.
Pero otorgar amnistías políticas como confites en piñata es una señal de debilidad y un retroceso descomunal, lejos de avanzar hacia la consolidación de un Estado de derecho, como gritaban en la oposición, desde sus trincheras llenas de humo y falacia.
