La creciente incidencia de incendios forestales, otras amenazas y actos contra el medio ambiente en Honduras afectan los derechos humanos de los habitantes al ocasionar daños y vulnerar derechos fundamentales, entre otros, a la salud, al agua, a la propiedad, a un ambiente sano, al desarrollo sostenible y, en general, a una vida digna; y ocasionan incalculables pérdidas en la economía nacional que reducen los recursos que el Estado debe dedicar exclusivamente al desarrollo sostenible y bienestar de los habitantes.
El Comisionado Nacional de Derechos Humanos, en el ejercicio de sus facultades y atribuciones, formula las siguientes consideraciones:
Los incendios forestales en Honduras constituyen un fenómeno cíclico recurrente que contribuye significativamente a la degradación del suelo y deforestación de los bosques, afectando los bienes y servicios que estos deben proveer a la población, en particular a sus derechos humanos, como al medio ambiente sano, al agua, a la salud, a la propiedad, al desarrollo y al derecho a la vida misma.
Lamentablemente, personas irresponsables han delinquido al provocar alrededor de un 60% de los incendios sin haber sido aún debidamente enjuiciadas y sancionadas, a lo que se suman las incontroladas labores de pastoreo, quemas agrícolas y otras, que cada año afectan miles de hectáreas de bosque a nivel nacional.
Sin duda, la contaminación atmosférica constituye una amenaza para la salud de todas las personas, en todo el territorio nacional, al exponerlas al humo que afecta los ojos, irrita el sistema respiratorio y agrava afecciones de quienes padecen de enfermedades cardiacas y pulmonares crónicas.
Los incendios forestales, la tala ilegal y otras graves amenazas ambientales, como el gorgojo descortezador, están destruyendo nuestros bosques y el uso sostenible de nuestras montañas, arruinando los hábitats naturales y la diversidad biológica, causando deforestación, sequía y erosión del suelo; afectando las cuencas o microcuencas y la consiguiente captación del agua para uso doméstico de los pobladores y también usos industriales, perjudicando la flora, los asentamiento humanos; agravando o causando enfermedades, pérdida de empleos, bienes, privación de alimentos; contaminando más el aire que respiramos y la cantidad y calidad del agua que vitalmente necesitamos; en suma, favoreciendo un medio ambiente perjudicial para la vida.
Hay muchos riesgos de agravamiento de la situación, en especial de los compatriotas más desfavorecidos, de los que viven en la pobreza y exclusión social, porque el agotamiento y deterioro de la base renovable de los recursos naturales se está constituyendo, cada vez más, en un serio problema para su vida digna y un obstáculo más a las oportunidades de bienestar para todos.
De seguir como hasta ahora, solo continuaremos acumulando factores que agravan problemas de pobreza y deterioro de recursos, agregándolos a los de violencia y delincuencia, corrupción e impunidad que ya sufrimos.
Sabemos que este tipo de indeseados “cultivos” han demostrado ser históricamente generadores de forzadas presiones sociales y de recrudecimiento de conflictos que el Estado debe saber prevenir y atender positivamente con la contribución de la misma sociedad.
Por todo lo expuesto, considero que es importante atender las siguientes recomendaciones:
La prevención y control de los incendios forestales, la tala ilegal y otras amenazas ambientales deben ser una de las prioridades de interés nacional del Estado hondureño que, en aplicación de las políticas correspondientes, debe atenderse conjuntamente con las otras medidas de protección y aprovechamiento de los recursos naturales, con respeto al medio ambiente, los ecosistemas, áreas naturales protegidas y flora y fauna nacional.
Se recomienda al Estado que esa prevención y ese control se realicen de manera más efectiva y coordinada entre las diferentes instituciones gubernamentales; y se abra a la participación activa de la ciudadanía en una concertación nacional para la salvaguardia de nuestros bosques, montañas, fuentes de agua, biodiversidad y otros recursos naturales y ambientales.
El Ministerio Público y tribunales de justicia deben ejercer sus respectivas competencias para investigar prontamente, juzgar imparcialmente y sancionar severamente, con todo el peso de la Ley y de manera ejemplar, a las personas responsables de los incendios que han afectado derechos humanos de los habitantes y, en particular, puesto en riesgo vidas humanas, bienes materiales y los servicios ambientales que proveen los ecosistemas a la población.
Se debe poner fin a la tala ilegal, a la caza prohibida y al tráfico ilícito de fauna y flora silvestre; conservar, restablecer y usar sosteniblemente nuestros bosques y montañas; prevenir o detener la deforestación; rehabilitar las tierras y los suelos degradados incluyendo las tierras afectadas por la sequía; conservar los ecosistemas montañosos incluida la diversidad biológica, entre otras medidas ineludibles y apremiantes.
Exhortamos a la sociedad a unir voluntades y esfuerzos en promoción de la conciencia ambiental y defensa del derecho al medio ambiente sano, al desarrollo y otros derechos humanos, contribuyendo con la efectiva implementación de las recomendaciones anteriores, para garantizar su propio bienestar colectivo y entregar también, a las futuras generaciones, un ambiente sano que posibilite la continuación del proceso de desarrollo sostenible local y nacional.
