Uno de los principios fundamentales y rectores que deben regir el sistema de impartición de justicia de un Estado, es el de objetividad y también el de imparcialidad, el ejercicio fiscal y la función judicial debe ser ciega, por algo la diosa Themis tiene una venda en los ojos, la cual representa ecuanimidad, la balanza en su mano refleja justicia y la espada en la otra para simbolizar la represión hacia los culpables.
No obstante, la justicia deja de ser justicia cuando se aplica de manera selectiva, escogiendo quien sí y quien no debe ser investigado y condenado por un delito. Esto sucede en las naciones que cuentan con un Estado de derecho debilitado, en razón que, no existe una separación de poderes, sino, una subordinación de la institucionalidad hacia el Poder Ejecutivo, en tal sentido, esta subordinación repercute en las entidades responsables del ejercicio de la acción penal y en el Poder Judicial, lo que provoca que prevalezca la voluntad de un sector, y no la justicia en sí, lo que propicia que la ley sea aplicada de manera desigual y parcializada.
Por eso, en el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project, Honduras cuenta con retos significativos, específicamente, en el componente de separación de poderes, por eso existe cierta desconfianza de la ciudadanía al sistema de justicia, por pensar que el sistema responde a intereses y no a la justicia como tal. Al no tener confianza de nuestro sistema jurídico, los inversores deciden no traer sus capitales para no poner en riesgo sus inversiones, esto finalmente termina creando una nación más pobre y con un sistema de justicia resquebrajado.
Con los hechos acaecidos en este gobierno, la oposición arguye que es persecución política; el oficialismo exclama que es justicia. Cuando el oficialismo pase a ser oposición dirán que las acciones del gobierno son persecución, realmente esto sucede cuando no tenemos una institucionalidad confiable, segura e independiente. Hay mucho por hacer en Honduras, lo principal es retomar la confianza de la administración pública y la administración de justicia, y eso solo podrá alcanzarse cuando contemos con funcionarios que no tengan cola que les pise ni compromisos con grupos económicos, sociales y políticos.
