Desde el 23 de mayo de 2017, ante la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), llamé a instar a los Estados a dar una nueva mirada al tema de la migración desde un enfoque de dignidad humana, teniendo presente los vigentes instrumentos y entendimientos universales sobre la seguridad humana y la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que posibilitan también atender las causas de los flujos migratorios teniendo presentes las responsabilidades compartidas de los Estados de origen, tránsito y destino, así como de la comunidad internacional.
La Declaración que emanó de la Segunda Cumbre Iberoamericana de Migración y Derechos Humanos (Declaración de la Ciudad de México) reflejó ese llamado a los Estados que confrontan fenómenos migratorios y recomendó asumir integralmente sus corresponsabilidades, conforme al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Internacional de los Refugiados, Derecho Internacional Humanitario y normativas nacionales respectivas.
El objetivo de la recomendación es la realización de los movimientos migratorios en condiciones de seguridad y dignidad, y el desarrollo de políticas de protección, apoyo y asistencia en los fenómenos migratorios, cumpliendo con los compromisos asumidos en la agenda 2030 de las Naciones Unidas y el entendimiento común universal del enfoque de la seguridad humana, aprobado también por la Asamblea General de la ONU.
En aplicación de lo anterior, reitero que el actual inesperado ciclo migratorio masivo o el tradicional ciclo individualizado, mensual o anual, de dimensiones igualmente significativas, no se contrarrestará si no se atiende eficazmente las causas estructurales que lo alimentan y se asegure progresivamente condiciones básicas de vida digna, liberando a los habitantes del temor y de la miseria, dentro de sus comunidades municipales y en la comunidad nacional.
Las causas de la migración forzada, entre las más importantes, están: la pobreza que afecta su nivel básico de vida digna, agravado por el desempleo, el alza de precios de la canasta básica, la desprotección del consumidor o usuario, el alza de tarifas de servicios públicos y la falta de calidad y asequibilidad a los mismos, la reunificación familiar, los desastres naturales; así como la inseguridad derivada de la violencia en especial de pandillas y crimen organizado que se ensaña sobre los más pobres y socialmente vulnerables.
La atención de esas causas es un deber de las instituciones del Estado, de los municipios y sus comunidades, de las organizaciones de sociedad civil y, en especial, del sector privado empresarial, que debe ser consecuente con sus responsabilidades internacionales derivadas de las relaciones entre empresas y derechos humanos.
En razón de lo que antecede, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos ha recomendado al Estado lo siguiente: a) Proteger y atender más a todas las personas en contexto de migración forzada sin discriminación por razón de causas o país de destino, en especial a las personas migrantes más vulnerables de Honduras; b) Promover y apoyar concretamente el bienestar de las comunidades municipales mediante la implementación transparente y verificable de un Plan Nacional de Apoyo Subsidiario a la Seguridad Humana y el Desarrollo Sostenible que complemente la efectividad y eficacia de los planes municipales de desarrollo e incluya una estrategia pragmática y pronta de trabajo decente y productivo, capacitación laboral permanente e innovación empresarial responsable, en cada municipio; y c) En esa dirección, orientar más los recursos del Presupuesto General de la República a la inversión social en todos los municipios de Honduras, en particular en salud, educación, trabajo, vivienda y en todos aquellos sectores que contribuyen a mejorar la condición de vida de los habitantes (con atención especial a los grupos más necesitados, pobres o vulnerables de la población), y a promover el crecimiento económico inclusivo y con equidad. Incluir también los recursos económicos y capacidades previstas para el Plan de la Alianza para la Prosperidad de los países del Triángulo Norte, la implementación en Honduras de la agenda 2030 de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, y los de eventuales programas trilaterales de cooperación para el desarrollo sostenible, entre Honduras, México y Estados Unidos de América y otros Estados u organizaciones internacionales.
Se recomienda asimismo que, con ese propósito, se utilice el instrumental adecuado existente, apoyando efectivamente su consolidación y promoción de la estrategia de seguridad humana para el desarrollo local sostenible que, con el nombre de “Municipio de Bienestar Solidario” es impulsada por el Conadeh, y ya está siendo implementada, como modelo propio hondureño, en los 18 departamentos de la República, buscando transformar su realidad mediante la afirmación de la dignidad humana de los habitantes con el mejoramiento progresivo de su calidad de vida y el desarrollo pleno de sus potencialidades, en un espíritu de solidaridad humana positiva, dentro del municipio y entre municipios.
Así se cumplirá con el compromiso nacional de integridad en la gestión pública, para lo cual, el IV Plan de Acción de Estado Abierto: Honduras 2018-2020 señala, como una de sus cuatro actividades prioritarias, la de coadyuvar al empoderamiento progresivo y debido cumplimiento del proceso de “Municipios de Bienestar Solidario”, en los 298 municipios.
En conclusión, el Estado y la sociedad hondureña deben proteger a las personas migrantes forzadas, que salen de Honduras en forma individual o en grupo y atender las causas estructurales que los coloca en esa necesidad. Necesitamos hacerlo prontamente para salir también de otras crisis, y tenemos a nuestra disposición instrumentos y medios para hacerlo
