En una sesión parlamentaria del Congreso Nacional, como si fuera en una gallera de apuestas, pendencieros y payasos marcaron de nuevo la controversia y los desacuerdos políticos, al no ratificar el acta que contenía la adhesión del país al Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), antiguamente conocido como Corporación Andina de Fomento.
La votación finalizó con 71 votos en contra de la ratificación, 55 a favor y una abstención. Pese a la no ratificación del acta, el jefe ilegal del Legislativo anunció con bombos y tambores, a su estilo de mayordomo, que enviaría al Ejecutivo la sanción de la adhesión de Honduras al CAF, cuya sede principal está en Venezuela, toda una referencia de la crisis y bancarrota de la economía ideológica.
Este banco multilateral es una fuente de financiamiento para el sector público y privado, con una alta tasa de interés de los financiamientos en relación a otras instituciones financieras de desarrollo como el BID y el Banco Mundial (BM). Acá, lo que “sobra” es plata para tirarla en esas condiciones leoninas, pero supongamos de buena fe que el espíritu detrás de la adhesión a este organismo financiero es obtener préstamos para fomentar proyectos de desarrollo, construcción de infraestructura, educación y la atención sanitaria.
Todos sabemos que en Honduras la mitad de esos dineros cae en los pozos de la corrupción y el resto en campañas políticas, dejando una estela de deudas y pobreza. Toda deuda externa conduce directamente a la miseria porque Honduras debe destinar una parte importante de sus ingresos al pago de la deuda, reduciendo la cantidad de dinero disponible para el desarrollo social y económico; si sobra algo, hay que buscarlo en las bóvedas personales de los administradores de la República.
Aparte de eso, llega la explosiva inflación, porque los países subdesarrollados como este se ven obligados a imprimir más dinero para pagar sus deudas. Esto hace que los precios de los bienes y servicios aumenten, lo que afecta negativamente a los pobres y a los vulnerables. Después está Honduras obligada a reducir sus gastos en el sector industrial.
Esto conduce a la pérdida de puestos de trabajo y a una disminución de la producción industrial. Y como si fuera poco, inicia la inexorable inestabilidad política, porque los ciudadanos ya están hartos de sentirse frustrados y enardecidos porque sus gobiernos no puedan manejar las deudas y el gasto, encienden la llama de protestas, disturbios y el colapso del gobierno.
Lo más sensato que deberían hacer es la reestructuración de la deuda actual y negociar nuevos términos de pago. Esto puede incluir una reducción del monto de la deuda, una extensión del plazo de pago o una reducción de las tasas de interés. Y si los cerebros económicos de la administración estatal hacen un saneamiento del exagerado gasto público, los acreedores suelen condonar la deuda.
Así que no es tan difícil mover neuronas para aplacar esta crisis, sale más barato combatir la corrupción y el gasto público con medidas concretas y transparentes; implementar un sistema de rendición de cuentas, donde los funcionarios públicos tengan que justificar el uso de los recursos públicos y las decisiones que toman; establecer un control independiente y ciudadano sobre las contrataciones públicas, para evitar el favoritismo y el despilfarro.
Asimismo, se reduce el tamaño del Estado y eliminar las duplicidades y las ineficiencias en la administración pública. En vez de más deudas, hay que ir pagando al pueblo, restaurando la confianza de los ciudadanos y generando ahorros fiscales destinados a impulsar la inversión productiva, ya que el Estado solo produce esbirros e incapaces detrás de la moneda nacional
