En el marco del mes de la Independencia, quisiera compartir una reflexión sobre la situación de la mujer hondureña en la participación política. Honduras es el único país de la región de América Latina que es presidido por una mujer, la cual es también la primera Presidenta de su historia democrática. Sin embargo, tanto en Honduras como en toda Latinoamérica, persisten importantes deficiencias en la representación política de las mujeres y grandes desafíos en la plena y efectiva participación de las mujeres en la toma de decisiones. Esto, junto a los obstáculos sistémicos de las relaciones desiguales de poder, generan un impacto desproporcionado en contra de las carreras políticas de las mujeres hondureñas y sus particulares realidades étnicas, rurales y otras circunstancias diferenciadas.
Es importante plantear estos desafíos relacionados con los derechos políticos de las mujeres desde una mirada amplia de fortalecimiento del estado de derecho y del desarrollo social en su conjunto, especialmente en una región en donde converge el modelo “triángulo latinoamericano”, en el que cada vértice lo compone el debilitamiento de la democracia, la desigualdad y la pobreza (PNUD, 2004).
En las Elecciones Generales de noviembre 2021, 8 mujeres más que en la legislatura pasada fueron electas como diputadas propietarias, representando un 27% del total (CNE, 2021). A pesar de este avance, Honduras es el único país de la región centroamericana con menos del 30% de mujeres diputadas. En cuanto a las Alcaldías, el reto de paridad de género es aún mayor, ya que las alcaldesas representan tan solo un 6.37% en las corporaciones municipales del país (CNE, 2022). Estos datos muestran la necesidad de seguir promoviendo una democracia en donde las mujeres trasciendan de ser electoras a ser electas, fortaleciendo una democracia participativa e inclusiva.
La democracia con perspectiva de género y de derechos humanos, fortalece el Estado de derecho a través de la promoción de la cultura de paz y el desarrollo sostenible, promoviendo que las mujeres contribuyan a la toma de decisiones que afectan sus vidas y se beneficien del proceso democrático, tomando en cuenta que las mujeres conforman más del 52% de la población hondureña y el 54% del padrón electoral. Por lo cual, la democracia paritaria propone un modelo de un estado inclusivo y un nuevo pacto social donde la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres sea una realidad, fortaleciendo los avances hacia una sociedad más inclusiva, justa e igualitaria.
Por lo cual, desde el PNUD hemos apoyado diversas acciones que responden a abordar las causas estructurales y culturales que limitan la participación de las mujeres en la política. En el marco del proceso electoral del 2021, el PNUD, en asocio con otras agencias del Sistema de Naciones Unidas, y en conjunto con acciones a nivel institucional y normativo con el Consejo Nacional Electoral (CNE), ha fortalecido las capacidades de las instituciones electorales sobre la incorporación del enfoque de género.
Adicionalmente, se reactivó el observatorio político de mujeres, única instancia de sociedad civil que da seguimiento a la participación de mujeres en política y a la violencia electoral contra las mismas. Junto a esta acción se ha realizado un proceso de veeduría sobre el balance de la paridad y la alternancia de los resultados de las elecciones generales 2021; el cual derivó en la documentación y publicación de 19 casos de violencia hacia mujeres políticas durante el proceso electoral.
Adicionalmente, se ha desarrollado el Sistema de Alerta Temprana que tiene como objetivo monitorear los casos de violencia que se generaron pre y post elecciones, el cual tiene un componente de violencia hacia las mujeres en política.
Desde el PNUD también hemos centrado nuestro apoyo en potenciar las iniciativas electorales con enfoque de género e inclusión para las diversas entidades del Gobierno hondureño a fin de consolidar mecanismos habilitantes a favor de las mujeres y otras poblaciones históricamente subrepresentadas.
Para el PNUD continúa siendo un compromiso central el trabajar en conjunto con socios y demás contrapartes; para consolidar en conjunto una democracia paritaria, participativa y en donde las mujeres, tengan un papel central en la toma de decisiones y participación política del país. En donde la igualdad de género favorece el estado de derecho y la prevención de conflictos sociales y, por ende, favorece la consolidación de un desarrollo sostenible.
