En Honduras, la democracia está lejos de ser un sistema que se construye día a día, más parece un campo minado donde cada paso hacia adelante está trazado para hacerla estallar.
El caos en la distribución del material electoral durante el proceso primario se vuelve una amenaza de cara a las elecciones generales de noviembre, perfilándolas como un nuevo capítulo en esta historia de sospecha y manipulación, donde el fraude no es una posibilidad, sino una realidad que se ha normalizado.
El robo electoral en Honduras no es un mito, es una herida abierta que se produce y se desarrolla en forma de votos inflados y actas adulteradas, como si fueran evidencia de un sistema estructurado para favorecer a los poderosos y silenciar a los ciudadanos.
El fraude electoral no es solo un acto de corrupción, sino una trampa a la democracia, sobre todo cuando el proceso es administrado con la injerencia de los políticos tradicionales y las maletas son escoltadas por militares que en papel son apolíticos, pero que en la práctica siguen instrucciones del gobierno de turno.
Paradójicamente, la presencia de militares en los centros de votación es, en teoría, una medida de “seguridad”, el problema es que históricamente la institución ha estado vinculada a los intereses de las élites políticas y económicas del país, lo que pone en duda su neutralidad como guardianes de la democracia, sobre todo cuando su titular también es precandidata, algo así como juez y parte.
Mientras tanto, el Consejo Nacional Electoral sigue siendo un apéndice de los partidos políticos, pero cómo esperar lo contrario si sus miembros son designados por intereses partidistas que buscan controlar el proceso desde adentro.
Nos merecemos un órgano independiente, íntegro y comprometido con la democracia que no esté dirigido por políticos que meten las manos como en una pulpería personal.
Las elecciones generales no pueden ser otro capítulo en esta asquerosa historia de fraude y decadencia, para ello, la sociedad civil, los medios de comunicación, los observadores internacionales y los ciudadanos comunes deben unirse para exigir un alto a la manipulación del proceso electoral por las élites políticas en contienda.
Las urnas deben ser custodiadas en defensa de la democracia y no en favor de candidatos, porque las elecciones deben estar en manos de fuerzas que actúen neutrales y capacitadas para protegerlas, no para llevarlas de recluta a los cuarteles.
