Los estrategas legales del expresidente Hernández han pedido que a su cliente se le dé una pena mínima de 40 años de prisión. Una desesperada carrera contra el tiempo y la justicia, cuando el miércoles 26 de junio, Hernández será sentenciado en el Distrito Sur de Nueva York en un escenario donde posiblemente la condena sea una tonelada de años, y podrían caber un par de condenas perpetuas. El juez Kevin Castel plantea este caso como ejemplo a los líderes de la política corrupta, y sabemos que siempre son duros los ejemplos para aclarar los oscuros caminos de la justicia hondureña que todavía la clase política y la élite empresarial no aprende.
Ese es el panorama de un hombre y sus adictos al poder, que abusaron de la autoridad que les dio la ciudadanía, y que representaron una grave amenaza a la democracia, utilizando su posición en beneficio personal y socavar los derechos e instituciones estatales, erosionando la confianza pública y colocando en venta los cimientos mismos del sistema.
El juez Castel impondrá una dura lección frente a un hombre con la mirada amenazante de la fuerza corrupta que amasó en su conciencia. Ese será el ejemplo que buscará aplicar a los demás corruptos y criminales con el poder de violar constantemente la Constitución de este país, sin justicia ni ley, ni nadie que represente los remedos de una corte decente. Que aplique la ley de manera imparcial y justa, no una corte de fisgones en complacer al rey con las alfombras de las dictaduras.
Históricamente, la transición de un sistema democrático a uno autoritario a menudo ha estado marcada por la manipulación de la justicia. Esta puede ser utilizada como una herramienta a fin de consolidar el poder, silenciar la disidencia y reprimir a la oposición. En el caso de Honduras, la justicia ordinaria tuvo un papel revelador en la represión durante la dictadura de Hernández, lo que ha dejado secuelas que hoy se debaten y se buscan que no vuelva nunca más.
Esa debería ser la función de los organismos de justicia, no solo castigar a los pobres, marginados del poder, sino proteger los derechos y libertades de los ciudadanos. Esto incluye garantizar que los líderes políticos no abusen de su poder y que las leyes se apliquen equitativamente a todos sin importar su influencia.
La condena que imponga el juez Castel es crucial en la defensa de la jurisprudencia y los derechos humanos. Replantea un marco de referencia para los estándares democráticos y servir como paradigma crítico de las malas prácticas gubernamentales, ayudando a prevenir la deriva hacia la tiranía.
Por eso existe la necesidad de la extradición, y que nos plantea preguntas sobre la eficacia y la justicia dentro de los sistemas legales nacionales. Si este sistema judicial fuera justo y eficiente, la extradición podría no ser necesaria. No habría la necesidad de transferir a los acusados a través de las fronteras.
Sin embargo, así como van las cosas en los torcidos renglones de la justicia en Honduras, la extradición es y será una herramienta legal que refleja la interdependencia de los sistemas judiciales internacionales y la necesidad de colaboración a la administración de la justicia. Aspirando la existencia de un sistema judicial justo y eficiente, empoderando la diversidad de leyes y procedimientos entre las naciones en hacer que este proceso siga siendo una parte vital de la justicia penal internacional. La extradición, por lo tanto, no solo es una cuestión de justicia, sino también de ejemplos a los que no saben hacerla y los que hacen con la justicia lo que les da las corruptas ganas de mandar
