El pueblo garífuna, descendiente de africanos y pueblos indígenas del Caribe, ha forjado una rica cultura e identidad a lo largo de su historia. Sin embargo, desde su llegada a las costas de Honduras en el siglo XVII, han enfrentado una constante lucha por el reconocimiento de sus derechos y la preservación de su patrimonio cultural, en un contexto marcado por el olvido y la discriminación por parte de los Estados.
Hartos de esa segregación, en el marco de la conmemoración de los 227 años del Mes de la Herencia Africana, casi un millar de afrodescendientes protestaron en el Congreso Nacional y Casa Presidencial, pero fueron reprimidos en su intento por entrar a casa de gobierno para exponerle a la presidenta Castro las demandas sociales pendientes en sus comunidades y exigir el cumplimiento de tres sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de tres de sus comunidades. El “Gobierno del Pueblo” más bien le tendió con una barrera metálica y una muralla con la Guardia de Honor presidencial que le salió al paso y con quienes estuvieron forcejeando, mientras esperaban ser atendidos por la mandataria, lo que nunca sucedió. Ellos solo querían entrar como lo hacen los activistas de Libre, que pasan con sus altavoces y guitarras para cantar rancheras. Los compatriotas garífunas reclamaban esclarecer muchos crímenes en sus comunidades, la titulación de tierras, infraestructura social y el cumplimiento de tres sentencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que emitió desde el 2015 un fallo sobre Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, pero hasta hoy Honduras no ha cumplido las sentencias.
Una vez más han sido históricamente marginados y excluidos por parte de los gobiernos. Desde la época colonial, han sufrido procesos de despojo de sus tierras ancestrales, discriminación racial y cultural, y falta de acceso a servicios básicos como educación, salud y vivienda.
Esta situación se ha visto agravada en las últimas décadas por el desarrollo de proyectos turísticos e infraestructuras en sus territorios, que han amenazado su modo de vida tradicional y su acceso a recursos naturales. Además, la violencia social y la criminalidad han impactado desproporcionadamente a las comunidades garífunas, obligando a muchos a desplazarse internamente o migrar a otros países.
A pesar de esas adversidades, el pueblo garífuna ha demostrado una gran capacidad de resistencia y organización social. A través de diversas iniciativas comunitarias y organizaciones no gubernamentales, han luchado por el reconocimiento de sus derechos territoriales, la protección de su cultura y el acceso a oportunidades de desarrollo.
La lucha de los garífunas por sus derechos es un llamado a la comunidad internacional. Es necesario un compromiso real para garantizar el pleno reconocimiento de sus derechos territoriales, culturales y sociales, y promover su desarrollo integral con enfoque intercultural.
La preservación de la cultura garífuna no solo es un imperativo moral, sino que también representa un enriquecimiento invaluable para la diversidad cultural de la región. Su legado ancestral y su cosmovisión en armonía con la naturaleza ofrecen valiosas lecciones para enfrentar los desafíos del presente y construir un futuro más justo y sostenible.
Es responsabilidad del Estado contribuir al reconocimiento de la historia y la lucha del pueblo garífuna. Es fundamental visibilizar las injusticias que han enfrentado y amplificar sus demandas, pero no es con bailecitos demagogos ni promesas populistas. Hay que construir con hechos una memoria colectiva que incluya las voces y experiencias de los pueblos afrodescendientes, como los garífunas, y promover una sociedad más justa e intercultural en este país.
