La palabra “poder” es un término vulgarizado que se ha convertido en un concepto de uso común y constante, presente en discursos, entrevistas, misas negras, clubes ideológicos, instituciones y cafeterías. Se ha vuelto un recurso forzado por la ambición, tanto que hoy en día cualquier individuo, envuelto en una bandera, lanza su candidatura presidencial, buscando asegurar una pulpería por cuatro años o los que aguante el pueblo. El poder se ha convertido, para muchos, en el primer y único modo de existencia de los vividores de la política en este país.
Por eso, en nombre de la “democracia”, unos 20 movimientos de los tres principales partidos políticos -Partido Liberal, Nacional y Libre- presentaron sus planillas ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para las elecciones primarias que se llevarán a cabo el 9 de marzo de 2025.
La ley exige 14 planillas de los 18 departamentos, así como la presentación de 200 nombres de candidatos a alcaldes para las 298 alcaldías donde deben tener representación. En total, hay tres mil sesenta y cuatro cargos electivos para cada partido, distribuidos en: más de 2,000 regidurías, 298 alcaldías, 298 vicealcaldías, 256 diputados propietarios y suplentes, tres designados, 40 diputados al Parlamento Centroamericano y un presidente de la República.
Pero más allá de esos requisitos de rigor y esas firmitas rebuscadas debajo de las piedras de la patraña y la demagogia, lo que debería ser fundamental es la transparencia en estos movimientos para mantener la integridad y la confianza en las instituciones que avalan esta enclenque democracia. En un país donde la delincuencia organizada, el narcotráfico y la corrupción están infiltrados en las estructuras de poder, es crucial que los partidos y movimientos políticos adopten medidas claras y efectivas para evitar la entrada de dinero manchado de sangre y drogas. Es básico implementar sistemas de financiamiento transparentes, esto incluye la obligación de declarar todas las donaciones y fuentes de ingresos, así como la auditoría regular de las cuentas de los partidos políticos.
Además, es necesario establecer mecanismos de control y sanción efectivos. Las instituciones encargadas de la supervisión deben tener la independencia y los recursos necesarios para investigar y castigar cualquier irregularidad. Esto incluye la creación de organismos autónomos con la capacidad de llevar a cabo investigaciones exhaustivas y aplicar sanciones severas a quienes violen las normas.
En un país medianamente serio, los ciudadanos deben estar informados sobre la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la política, donde los votantes exijan transparencia y castigo a la corrupción. Por lo menos, no darles el voto a los que han manchado la política con “dinero sucio” utilizado para financiar campañas y comprar voluntades, y agua bendita de los dueños de los partidos.
Una corrupción descarnada que se disfraza en diversas formas, desde contribuciones ilegales a campañas políticas hasta sobornos directos a funcionarios públicos. Casi siempre, el dinero proviene de actividades ilícitas, como el narcotráfico, la corrupción o la evasión fiscal. Los grupos criminales y las grandes corporaciones buscan “invertir” en política para proteger sus intereses y obtener las palmaditas del silencio y la complicidad de los que alcanzan el poder.
Erradicar esta plaga de las planillas electorales requiere un esfuerzo sostenido de toda la sociedad para construir instituciones más sólidas y una cultura política más ética. Solo así podremos aspirar a una democracia verdaderamente representativa. Enfrentar esta complejidad de factores que inciden en el elector para darle el voto a tanto ratero es imposible de imaginar, si no es por la incultura que ha sido impuesta a estos pueblos desde hace siglos, a través de los engranajes del poder que les han inculcado la “mediocreacia”
