Mauricio Funes gobernó El Salvador entre el 2009 y 2014. Llegó al cargo apoyado por el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), luego de ser un destacado periodista su país. Los rumores de corrupción le acompañaron durante y después de su gestión y en 2018 se emite una orden de captura en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito de él y su familia por US$351 millones, que no es poca cosa.
Procedente del mismo partido político llegó a la presidencia salvadoreña Salvador Sánchez Cerén en 2014. Tras dejar el cargo se abren investigaciones en su contra por el desvío de unos US$183 millones y otras causas penales por delitos supuestamente cometido antes, cuando ocupó el cargo de vicepresidente de Funes.
El tercer personaje de esta historia es el empresario y expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), quien perdió un largo proceso judicial en su última instancia y fue condenado a cumplir diez años de prisión por actos de corrupción durante su administración.
Sobre él pesan también investigaciones por sobornos en España y sus hijos fueron condenados en Estados Unidos por coimas recibidas de la constructora Odebrecht. Ellos reconocieron en el proceso que su padre estaba detrás de esto. Importante, Martinelli es considerado de ideología derechista.
Tres expresidentes, tres historias similares, dos países y el mismo destino: la Nicaragua de Daniel Ortega, la misma que expulsa de su tierra a ciudadanos dignos que han levantado su voz exigiendo libertad. ¡Ah!, pero también les ha retirado la ciudadanía, misma que se le ha brindado a toda la familia Funes, incluyendo puestos en la administración pública.
El asilo de Martinelli en la embajada de Nicaragua ha sido la noticia que ha agitado Centroamérica, una región en la que la lista de expresidentes vinculados con corrupción o narcotráfico crece a cada momento y muestra que la clase política del istmo tiene esta práctica enraizada hasta los tuétanos. Así lo demuestran exgobernantes condenados como Alfonso Portillo y Otto Pérez de Guatemala y Orlando Hernández de Honduras, pero no son los único y, tristemente, parece que tampoco serán los últimos.
El régimen de Ortega, señalado de violaciones a los derechos humanos y de prácticas antidemocráticas, “denuncia” que Panamá incumple tratados a favor del asilo político al no permitir la salida de su territorio de Martinelli, acusado solamente por delitos vinculados a la corrupción y comprobados en todas las instancias del juicio, de acuerdo con las informaciones internacionales.
En todo caso, el que Ortega conceda asilo a Martinelli demuestra que no actúa por razones ideológicas, sino más bien por intereses que podrían estar vinculado a las fortunas que estos tres expresidentes pueden llevar a Nicaragua y compartir con la familia Ortega-Murillo, que está involucrada en la mayor parte de negocios de su país. Cabe recordar que el dictador nicaragüense ha seguido –y muchos dicen que superado– la estrategia de enriquecimiento del dictador que él mismo ayudó a derrocar: Anastasio Somoza Debayle.
No cabe duda de que las dictaduras no conocen límites y suelen caminar de la mano con la corrupción, porque no son pocas las voces que se elevan para señalar que el enriquecimiento de los Ortega en Nicaragua supera a cualquier empresario de éxito en la región, simplemente porque manejan el mundo político, empresarial y, por supuesto, la justicia está siempre de su lado, cumpliendo dócilmente las órdenes que recibe del dictador y su círculo.
La desfachatez de Daniel Ortega al hacer reclamos a Panamá no tiene límites. Es evidente que no se trata de un caso de persecución política. Los hijos, condenados en Estados Unidos, y el expresidente Martinelli procesado en su país por múltiples actos de corrupción –sustentados– son hechos que se iniciaron antes de que, el ahora asilado, anunciara su intención de buscar la reelección. Es decir, no se trata de un caso de “asilo político”, sino simple y sencillamente de un ejemplo más de la corruptela que muchos gobernantes arman a su alrededor.
No se debe olvidar que hay más de 200 ciudadanos nicaragüenses que han sido desterrados y se les ha retirado su derecho a una nacionalidad. Algo inaudito para la comunidad internacional. Esa es la Nicaragua de hoy. Esa es la Nicaragua de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Esa es la Nicaragua que se convierte en guarida de ladrones, mientras que a los ciudadanos honestos y combativos por la libertad se les destierra. Esa es la Nicaragua de los grandes contrastes, en donde la mayoría de los ciudadanos está en la pena y la familia “real” y su círculo cercano en el poder en la pepena.
