He leído, más con repugnancia que con sorpresa, el artículo escrito por la señora Gabriela Castellanos titulado “El general en su laberinto”, una letrinización de la malicia prefabricada que pretende satanizar un proyecto de ley que no tiene más objetivo que hacer que se respete la Constitución, las garantías y derechos constitucionales y que todo lo que se haga contra el crimen y la corrupción sea dentro del sagrado marco de la ley. Pero perdono a esta dignísima dama porque no sabe lo que dice, aunque sus intenciones estén inspiradas en la egoísta y voraz ambición de sumar puntos, acumular méritos y coronarse con virtudes fantásticas que tal vez le permitan convertirse en la fiscal general. Y en esto no es culpable de nada esta honorabilísima fémina, ya que en el juego de la política, del amor y de la guerra todo se vale. No en vano adornó la serpiente la manzana de la tentación, y el Ministerio Público es una corona de laurel, con hojas de oro, para muchos codiciosos.
Sin embargo, es lamentable que con mucha perversidad se diga que nosotros queremos proteger las ganancias ilegítimas de los corruptos. Nada más alejado de la verdad. Deseamos que los delincuentes sean castigados y que sus ganancias ilícitas sean decomisadas, pero dentro de la ley. Nada más.
Si a fulano de tal se le investiga por malversar fondos públicos y con ello enriquecerse ilícitamente y el peso de la prueba es suficiente para que un juez ordene su captura, debe respetarse el debido proceso, debe respetarse el principio constitucional que dice que toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario y hay que asegurar sus bienes que serán confiscados hasta que el acusado sea encontrado culpable. Y debe leerse bien lo que digo “asegurar sus bienes”, lo que implica que nadie podrá vender, donar, traspasar, enajenar o realizar cualquier transacción comercial con el bien asegurado. Si el acusado es declarado inocente, todo le será devuelto. Si es encontrado culpable, todo lo que obtuvo ilícitamente le será confiscado, y su delito lo pagará con cárcel. Es así de sencillo el espíritu de la propuesta de la Alianza Patriótica.
La Ley de Privación Definitiva de Dominio de Bienes de Origen Ilícito es un gran instrumento para luchar contra la corrupción y el crimen en general. Nosotros queremos fortalecerla, no debilitarla, pero que sea verdaderamente justa, dentro de lo que manda la Constitución. No es posible que se capture a alguien acusado de malversar fondos públicos y de entrada se le “quite” todo lo que tiene, sin haber sido vencido en juicio, únicamente basados en el supuesto de que es corrupto y que todo lo que posee es producto de sus actos ilícitos. Por muy culpable que alguien sea, según la Constitución es inocente hasta que no se le demuestre lo contrario. Y la Alianza Patriótica quiere que se aplique la ley con severidad, pero respetando esos principios básicos que forman parte fundamental del Estado de derecho.
Maliciosamente, la señora Castellanos dice que nosotros “queremos que a los corruptos no se les confisquen sus bienes”. Falta a la verdad descaradamente porque sí queremos que se les castigue y se les despoje de lo mal habido, pero dentro de la ley, lo repito tajantemente. Además, esta señora agrega que con esta propuesta de ley hagamos que los corruptos de hace siglos devuelvan lo robado a los hondureños. Yo le pido que los identifique, que lleve sus pruebas al Ministerio Público y que se despoje a sus descendientes de lo heredado. Si Gabriela demuestra que Marco Aurelio Soto saqueó el país, que pida a la Fiscalía que les quite todo a sus herederos porque bien sabemos que de lo ilícito jamás saldrá algo lícito. Y la señora va más allá al solicitar que les pidamos a los españoles que devuelvan lo que saquearon en nuestro país durante la Colonia. La invito a que vayamos a la Corte Internacional de La Haya y demandemos a Felipe VI, rey de España, para que empiece a devolver lo que sus antepasados se llevaron de Honduras. Pero, por sobre todo esto, la invito a que haga honor a lo aprendido en las “aulas” universitarias y que sea objetiva al exponer sus opiniones sobre los verdaderos alcances de esta propuesta de ley. Se ha dicho que toda ignorancia es inocente, pero alguien como ella no puede alegar ignorancia sobre un tema tan sencillo de entender.
Y, para finalizar, debo aclararle que el doctor Denis Castro no es mi pupilo; es un hombre sabio, justo y solidario. Es médico, por si no lo sabía, y es abogado también. Además, es uno de los forenses más reconocidos del mundo, tanto, que pertenece dignamente a la Real Sociedad de Ciencias Forenses de Gran Bretaña. Para la Alianza Patriótica es un honor que sea uno de nuestros diputados.
Como ve, honorable señora Castellanos, el general no está en ningún laberinto. Quienes están perdidos son los que para llevar agua a su molino satanizan un proyecto de ley que desea fortalecer nuestra Constitución y el combate a la corrupción. Dios nos libre de que alguien tan malicioso llegue al cargo de fiscal general.
¡Dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada!
