El pueblo hondureño estaría sumamente contento si las autoridades del gobierno de Xiomara Castro adoptan acciones orientadas a proteger verdaderamente al consumidor de los altos precios de los alimentos, de todos los productos comerciales y de las maniobras especulativas, pretextando, los altos precios de los energéticos, de los fertilizantes, de materias primas y otros insumos como consecuencia de la guerra en Europa y el bloqueo comercial a Rusia.
Salimos para hacer cotizaciones de servicios o de productos o comprar alimentos o productos ferreteros, telas, etc., los precios son de impacto, todo ha subido, aun en las adquisiciones de existencias anteriores a la guerra entre Rusia y Ucrania. Proteger al consumidor, además de proteger su dinero, conlleva proteger su salud comprando alimentos sanos y protegerlo del fraude en las pesas y medidas y de la adulteración de los productos.
En cuanto a las alzas de precios específicamente de los productos agropecuarios, las decisiones al respecto no son fáciles ni deben tomarse a la ligera por simples antojos de asociaciones de productores, de la agroindustria, mayoristas o minoristas. Ellos no tienen la autoridad y menos el poder de fijar alzas o bajas, tal como lo han venido haciendo, ni en la escasez de producción sea por falta o exceso de lluvias que compliquen los rendimientos de la producción nacional, ni por las informaciones distorsionadas, pues existe un órgano del Estado con la autoridad y poder suficiente para esas determinaciones.
Si las instituciones gubernamentales relacionadas con el tema agropecuario desconocen los volúmenes de exportación e importación y producción de las áreas de cultivos por región, de las ganaderías y agroindustria con costos reales en las diferentes etapas de producción y, simplemente, asumen la información que brinda el productor sin verificación alguna, difícilmente podrán determinar costo/beneficio real, por lo tanto, no se alcanzarán los datos de utilidad real y los precios reales que protejan al consumidor, este escenario dañaría inclusive el tema fiscal del Estado.
Esta falta de controles facilita a los especuladores poner sus reglas del juego, perjudicando todo un sistema que va desde lo económico, la soberanía y seguridad alimentaria, hasta la inestabilidad democrática.
Claro está, es necesario proteger el aparato productivo pero también blindar al consumidor de los precios altos, del acaparamiento y de la especulación bajo la excusa del concepto de libre empresa. Importante es el equilibrio.
La pregunta vital surge entonces: ¿Cuál es el margen de utilidad para los productos alimenticios o de la canasta básica? ¿Es abierto? ¿Existen límites? 20%, 30%, 40%, 100%, 200%, 600%, 1,000%. ¿Cuál es el margen de utilidad permisivo del gobierno?
Mientras en Honduras no se establezca el orden, el respeto a las leyes, anular el favoritismo distorsionado a la libre empresa, dándole paso a las reglas claras de equidad y transparencia, el consumidor nunca sentirá estar protegido. Queda planteado.
