Con determinación debemos proteger las elecciones primarias y generales próximas, a fin de que sea la voluntad del electorado la que prevalezca. Que ni uno solo de los cargos de elección popular sean asumidos por quienes no elegimos. La impunidad, la falta de castigo a los delitos, los incentiva. A menos castigos más delitos. En cualquier campo del derecho, en el especifico electoral, hasta que colapsa cualquier democracia, con más probabilidades una con las falencias de la nuestra. Eliminar, debe ser el gran objetivo, o al menos, disminuir, pero no a la impunidad electoral. El ideal es preservar la integridad del sistema democrático. Surgen esperanzas con las disposiciones legales nuevas y con este CNE, que nos darán resultados confiables. A través del tiempo, la nominación de “elecciones estilo Honduras” todo un concepto, fue aceptado graciosamente y hasta promovido por quienes han hecho de nuestra democracia, el mejor de sus negocios. De ella pasan en altos niveles de vida, los que no podrían haber alcanzado con su esfuerzo privado. La Ley Procesal Electoral, debe ser manejada por todos como nuestra misma Carta Magna. Y no solo por candidatos, sino especialmente por los encargados de aplicarla, los integrantes de mesas electorales, y por quienes procesarán los resultados ya en el CNE. La legitimidad de nuestros procesos electorales no ha de ser mancillada nunca más. Los delincuentes electorales, incluidos los autores intelectuales, deben saber que esta vez serían exhibidos, con nombre y apellido. Ya no más celebrar ni premiar a quienes, ingenuos unos, muy malos otros, alteran papeletas y actas para favorecer a personas que no han sido electas. Que ya nadie crea que conseguir votos para su candidato o su partido es un buen servicio que le va a ser premiado. Todos debemos velar por el respeto a la voluntad popular manifestada en las urnas. Todos debemos denunciar a quienes transgredan la ley y la decisión del elector. Todos debemos defender nuestra democracia.