Sabemos de la buena voluntad y determinación de la Junta Nominadora por resistir presiones. Lo que para algunos hace inexplicable ciertas inclusiones y ciertas exclusiones.
Escogemos dar crédito a la selección realizada, que la transparencia prevaleció en la toma de decisiones. Hasta ahora, los cuestionamientos personales tienen su fundamento en el subjetivismo del emisor. La lista da elementos para elegir una titularidad que dote de credibilidad al Poder Judicial. Y no es que la Corte Suprema saliente solo haya cometido errores.
Sabemos que los aciertos fueron más que las pifias, unas de alto impacto mediático, por la dimensión de la corrupción, o la injerencia de otro poder del Estado o por tratarse de acusaciones procedentes contra figuras populares. La mayoría de los jueces son honrados y apegan sus fallos a la ley.
Lo que se requiere es motivación exhaustiva en sus resoluciones, sin excepción y bajo inspección constante y publicidad de esas sentencias. Así a nadie se sorprendería. Ni a incautos ni a transgresores de la ley.
Este Congreso Nacional puede actuar como se espera, dotando de independencia a los magistrados que es lo necesario para desandar el camino de la inseguridad jurídica. Exigir quince magistrados sometidos al imperio de la ley en vez de ocho partidarios.
Que de todos modos para nada han servido a los partidos postulantes, sino exclusivamente a los intereses de barones de esos institutos políticos. Las y los representantes del pueblo lo tienen fácil: elijan en trenza los mejor calificados por la Junta Nominadora.
No vayan a dejarlos fuera. Si de todos modos el Poder Judicial ya no es trucha donde el clientelismo político puede fácilmente instalarse. Hay procesos de selección que todos estamos obligados a velar porque se respeten.
El imperio de la ley nos conviene a todos, incluso y especialmente a quienes no lo han respetado. Defendámoslo.
*Abogada
