A lo largo de nuestra vida republicana, un hilo conductor revela la existencia de fuerzas políticas, económicas, sociales, defensoras del status quo, y otras que aspiran y presionan por reemplazarlo ofreciendo alternativas, en conflicto dialéctico en que las primeras han prevalecido en el tiempo histórico de corta y mediana duración. Se opusieron ayer, se resisten hoy. Repasemos algunos casos.
Durante las sesiones de la Asamblea Constituyente de 1924 se intentó introducir en la Carta Fundamental las garantías laborales. Tal iniciativa fue desestimada por la mayoría de legisladores. Los intentos por otorgar el derecho a la mujer igualmente eran rechazados por distintos Congresos. Fue tardíamente, hasta el 25 de enero de 1955, cuando se le concedió, durante la jefatura de Estado de Lozano.
Durante la Administración Villeda Morales, la promulgación del Código de Trabajo (1959), resultado de las huelgas obreras de 1954, encontró oposiciones empresariales, incluso al interior de su propio partido. Sectores de la empresa privada contribuyeron con fondos al intento de Velásquez Cerrato por derrocar al régimen reformista liberal. Igualmente, al emitirse la Ley de Reforma Agraria (1962), que contaba con el apoyo político-financiero de la Alianza para el Progreso de Kennedy, la United Fruit Co., con el respaldo de sectores conservadores nacionales, presionó en el Senado y Congreso estadounidense para modificar su articulado, a conveniencia de la transnacional bananera. El golpe de Estado (1963) que puso fin al gobierno villedista recibió pleno apoyo del Partido Nacional y sectores empresariales, justificando su accionar con el argumento de “infiltración comunista”. Fue el más sangriento derrocamiento de un gobierno civil en los anales patrios. El régimen reformista militar que removió al mandatario Cruz (1972), emitiendo el decreto 8 (1973), la Ley de Reforma Agraria (1974), la reforma forestal, contó con el respaldo del sector empresarial de San Pedro Sula, pero la oposición intransigente del residente en Tegucigalpa, pese a que el conjunto de reformas pretendía la “actualización histórica” de la nación y la consolidación de una burguesía hondureña, moderna y dinámica. El régimen zelayista, su iniciativa de Poder Ciudadano, las aproximaciones al régimen venezolano de Chávez, el intento de consulta popular, desencadenaron su derrocamiento cruento (2009), con repercusiones que continúan dividiendo a las y los compatriotas en bandos antagónicos.
Hoy, la administración Castro promueve la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria por el Congreso, aspirando a contar con un sistema impositivo equitativo en el que quienes mayores ingresos perciben por concepto de ganancias tributen proporcionalmente más que los que subsisten en condición de asalariados, suprimiendo parcialmente concesiones y exoneraciones a poderosos grupos empresariales elitistas -con fuerte influencia en las decisiones de política pública-, que tradicionalmente han sido beneficiados con las mismas, en alianza subordinada con capitales transnacionales, diseñando a su conveniencia la política fiscal en detrimento del erario nacional y sus inversiones en el sector social de la economía.
Así, los impuestos indirectos son recargados en los sectores de ingresos medios y bajo, de menor poder adquisitivo que los pudientes.
En el proceso las desigualdades sociales, la inequidad, pobreza y miseria afectan al 70% poblacional. La oposición legislativa arguye que “no existe ambiente” para la aprobación de la reforma tributaria. ¿Ha existido alguna vez tal “ambiente” propicio, además de la voluntad política para cuando menos reducir privilegios clasistas consolidados? Particularmente a partir de 1990, con la implementación del modelo neoliberal eufemísticamente bautizado como “ajuste estructural de la economía” y privatizaciones de empresas estatales, fuente de alto corrupción, al ser vendidas por debajo de su valor real.
