La libertad de expresión es un incómodo derecho que asquea al poder político, pero es una manifestación de virtudes por amor a la patria cuando se habla bien de los patrones que ostentan el poder.
En Honduras, hasta la fecha del presente siglo, han sido asesinados un centenar de periodistas y comunicadores sociales, crímenes que en más del 90% siguen impunes, este es uno de los países latinoamericanos más peligrosos para ejercer el periodismo... y si la prensa es decente, incisiva y crítica, la estadística es peor. Hace algunos días, la periodista Thelma Mejía denunció amenazas que ha venido recibiendo de agitadores vinculados al oficialismo.
“Estamos entrando en una etapa de mucha virulencia donde los medios de comunicación y los periodistas están siendo el centro de ataques de personas intolerantes, de personas que no respetan lo que debe ser en una democracia ya que el debate de las ideas es respetar la opinión de los otros, me gusten o no me gusten”, puntualizó la periodista Mejía.
Este es solo un caso de los muchos que son amordazados y autocensurados por la amenaza desde los oscuros rincones del gobierno enajenados por el fracaso de sus propias comunicaciones, incapaces de manejarlas a su favor. Estos regímenes emplean una variedad de métodos a fin de controlar la información y restringir la libertad de expresión de sus ciudadanos. Desde tácticas tradicionales como la vigilancia y el encarcelamiento de periodistas hasta métodos más modernos como los ataques en redes sociales.
Cuando las ideas no les alcanzan, cuando su propia moralidad de “un buen gobierno” no da para más, utilizan sofisticados métodos de vigilancia digital y acoso a fin de silenciar a los medios independientes. Estas prácticas no solo limitan la libertad de prensa, sino que también promueven un ambiente de autocensura entre los periodistas y la población total.
La censura en Honduras va en contra del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece el derecho de toda persona a buscar, recibir y difundir información y opiniones sin interferencia. Sin embargo, en regímenes autoritarios, este derecho fundamental es frecuentemente violado, lo que lleva a una represión más amplia de la disidencia y la crítica al gobierno.
Los ataques en redes sociales son otra máscara del “socialismo democrático” para la censura en la era digital. Gobiernos como el actual a menudo despliegan “ejércitos” de bots y trolls a fin de desacreditar a opositores y manipular la opinión pública. Esta forma de censura es brutalmente insidiosa porque es difícil de detectar y contrarrestar. La censura y la represión no solo afectan a los individuos y a los medios de comunicación, sino que también tienen un impacto negativo en la sociedad en su conjunto. Limitan el debate público, impiden el flujo de información y restringen el desarrollo de una sociedad civil, sólida y democrática.
Este tema debe ser crucial, pues la comunidad internacional debe reconocer y actuar contra estas violaciones a la libertad de expresión. Organizaciones, gobiernos y ciudadanos deben trabajar juntos con miras a promover la transparencia, la responsabilidad y el respeto por los derechos humanos en este país de vidas efímeras y poderes eternos.
La lucha por la independencia de información y por la libertad de pensamiento es una lucha continua que requiere las agallas y el impulso de todos los que valoramos la democracia y los derechos humanos. Solo a través de la solidaridad y la acción colectiva podemos superar los desafíos que presentan estos regímenes de déspotas, para construir una nación que necesita escuchar las verdades, sin filtros de aplausos, sin activistas a sueldo, que disparan a matar la libertad, que no es más que un eslogan en este pueblo sin justicia ni orden
