Bien dicen que la ambición y la corrupción se convierten en deseos ardientes cuando existen en las personas y se mezclan con el poder. En el lejano 1887, el político inglés conocido como Lord Acton, advirtió, y a la vez sentenció con la frase que dice: “... el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”.
Aplicado a nuestros días y realidad, se puede ver que la actividad política ha perdido ese espíritu de servicio que debiera acompañarla, para dar paso –cada vez con más fuerza– a personajes que la ven como el camino para enriquecerse y, en vez de servir a sus pueblos, se sirven del poder para llenar sus arcas personales.
Basta ver la lista de expresidentes que han sido convictos por delitos de corrupción en la región latinoamericana, una lista que podría ser más extensa si no fuera porque en muchos países el manto de impunidad ha protegido o protege la estela que deja la corruptela, ya sea porque el sucesor sigue con las mismas prácticas o porque la justicia se niega a ver lo que todo el mundo sabe.
Los dictadores suelen escapar al brazo de la justicia. Pero aquella frase es contundente con lo del “poder absoluto corrompe absolutamente”. Si no que lo digan los ejemplos de los enriquecidos Fidel Castro, Augusto Pinochet, Alberto Fujimori, Nicolás Maduro y, sobre todo, Daniel Ortega, quien se ha convertido en un magnate con una fortuna superior que la que llegó a tener el dictador Anastasio Somoza, a quien él y los sandinistas derrocaron en 1979.
En mi país, Guatemala, dos presidentes han sido condenados por diferentes hechos probados de corrupción. Alfonso Portillo y Otto Pérez han guardado prisión y fueron condenados, mientras que otros dos, Álvaro Colom y Álvaro Arzú, fallecieron cuando estaban por enfrentar cargos presentados por una comisión internacional que los investigaba en casos puntuales.
Ahora mismo, la justicia se niega a escudriñar algunos escándalos de corrupción que la prensa independiente descubrió durante la administración del expresidente Alejandro Giammattei, acusado –además– de construir un muro de impunidad que sigue funcionando seis meses después de haber dejado el poder.
En El Salvador, los expresidentes Antonio Saca, Mauricio Funes y el fallecido Francisco Flores han sido condenados por actos de corrupción comprobados por los tribunales. En Honduras, Rafael Callejas fue convicto por el famoso caso conocido como “Fifagate” por recibir sobornos y blanquear el dinero en Estados Unidos y, aunque la justicia de su país le absolvió de varios casos más de corrupción, en el ambiente quedó la duda sobre su culpabilidad. Otro presidente, Orlando Hernández, guarda prisión en Estados Unidos por narcotráfico. El expresidente panameño Ricardo Martinelli intenta evadir la justicia con un asilo otorgado por Daniel Ortega, pero las acusaciones son firmes. Sus hijos fueron condenados en Estados Unidos por recibir sobornos.
Perú tiene una larga lista de expresidentes convictos y hay que recordar que Allan García prefirió suicidarse antes de enfrentar el juicio que se le seguiría por corrupción, mientras que sus “colegas” Ollanta Humala y Alejandro Toledo cedieron a la tentación del enriquecimiento y tuvieron que pagar por ello.
La constructora brasileña Odebrecht corrompió a varios expresidentes de la región, en uno de los casos más sonados a nivel latinoamericano.
Sobre algunos, como el caso del presidente Lula da Silva (Brasil), hay más dudas que certezas sobre la absolución que se le concedió luego de ser condenado, todo por parte de un sistema de justicia bastante poroso.
En Argentina, la expresidenta y exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sigue protegida por la inmunidad de sus anteriores cargos, pero la justicia espera el momento para poderla enjuiciar.
Casi todos los casos mencionados ocurrieron durante el actual siglo, por lo que se puede afirmar que esa ambición se ha desbordado durante las últimas décadas. Ese afán de enriquecimiento fácil contrasta con la otra cara de la moneda: la pobreza.
La gran mayoría de los países mencionados siguen afectados por el alto nivel de pobreza y falta de desarrollo. En muchos casos se puede comprobar que lo que ha venido sucediendo es que la “clase política” ha capturado al Estado –literalmente–, y este se convierte en el botín de los gobernantes de turno y la camarilla que les acompaña.
