La nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum tiene el primer desafío: desmilitarizar las tareas de migración. En este contexto, los abusos se han multiplicado en manos de militares involucrados en el tiroteo que resultó en la muerte de seis migrantes en Chiapas, en la frontera sur del país. Entre las víctimas la Fiscalía de México confirma un hondureño muerto.
La matanza ocurrió el pasado martes, en el primer día del mandato de Sheinbaum, cuando 33 migrantes viajaban en dos camionetas. Los militares dispararon a mansalva, alegando que confundieron a los migrantes con criminales. Este trágico suceso es uno más de las Fuerzas Armadas, que han asumido un papel creciente en las tareas de seguridad de México, incluyendo la vigilancia migratoria, con más de 36,000 elementos del Ejército asignados a actividades relacionadas con la migración. La presidenta Sheinbaum se enfrenta ahora al reto de abordar la crisis humanitaria de los migrantes centroamericanos hacia el norte, en busca de una vida más segura y próspera.
Honduras es uno de los países que en las últimas décadas ha experimentado la amarga y vergonzosa experiencia de ver partir a sus hijos; entre las diversas causas que impulsan a nuestros compatriotas al éxodo está la corrupción, que se erige como uno de los factores más determinantes, prefiriendo el oscuro camino que emprenden, plagado de riesgos que van más allá de las fronteras físicas. La corrupción arraigada en el sistema político y económico de Honduras genera un clima de inseguridad e injusticia que mina las oportunidades de desarrollo. Los ciudadanos se ven obligados a elegir entre la sumisión a prácticas corruptas o la huida. Quienes optan por esta última, se exponen a una serie de peligros que ponen en riesgo su vida y su integridad física.
En primer lugar, los migrantes se convierten en blanco asequible de las redes criminales que operan en las rutas migratorias. Secuestros, extorsiones y trata de personas; estas son solo algunas de las amenazas a las que se enfrentan. La vulnerabilidad de quienes viajan sin documentos y con escasos recursos los convierte en presas fáciles para los traficantes de personas y los grupos delictivos. Además, los migrantes centroamericanos suelen ser objeto de discriminación y xenofobia en los países de tránsito y destino.
La militarización de las fronteras y las políticas migratorias restrictivas han creado un ambiente hostil que dificulta la integración de estas personas en las nuevas sociedades. Es fundamental reconocer que la corrupción no es el único factor que impulsa la migración, pero sí juega un papel crucial. La violencia, la pobreza y la falta de oportunidades, todo eso preparado en un coctel de ideologías fracasadas, son una bomba que contribuye a esta tragedia. Sin embargo, abordar la corrupción de manera integral es esencial para atacar las raíces del problema y plantear soluciones urgentes.
Para hacer frente a esta crisis humanitaria, es necesario adoptar un enfoque multidimensional que involucre a los gobiernos de los países de origen, tránsito y destino. Se requiere fortalecer las instituciones democráticas, combatir la impunidad, promover la transparencia y garantizar el acceso a la justicia. Asimismo, es indispensable brindar protección a los migrantes y refugiados, así como promover políticas de desarrollo que generen oportunidades en los países de origen.
Huir de la corrupción es huir de las oportunidades robadas, cada lempira en manos de un político corrupto es un lempira perdido que pudo ser invertido en escuelas, hospitales, generación de empleo, en seguridad e invertir en la calidad de vida de la gente, no en la calidad de vida de los eternos rateros del futuro en Honduras.
