El sitio web de la Secretaría de Finanzas (Sefin) declara la necesidad de un presupuesto ciudadano. El Estado y los funcionarios deben abrir la participación a la ciudadanía como veedora social del uso productivo de los recursos públicos. No obstante, a la hora de establecer las funciones de la Sefin, sorprendentemente erra al afirmar que le compete la formulación, coordinación y ejecución del presupuesto, evaluación de las políticas relacionadas con las finanzas públicas y el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, “asegurando su compatibilidad con las estrategias definidas por el presidente de la República”. En realidad, las estrategias tienen que ser definidas en un plan nacional de desarrollo, son los presidentes, funcionarios y los dirigentes políticos transitorios los que deben acoplarse al plan nacional y, no a la inversa.
La Constitución de la República establece claramente en su artículo 329: “El Estado promueve el desarrollo económico y social, que estará sujeto a una planificación adecuada. La ley regulará el sistema y proceso de planificación con la participación de los Poderes del Estado y las organizaciones políticas, económicas y sociales, debidamente representadas”.
Desafortunadamente, seguimos en deuda también en eso.
En la coyuntura presente, le agregamos a esas “deudas” o incumplimientos la falta de priorización de procesos tan vitales como la reforma agraria. El artículo 345 ordena con claridad meridiana que “la Reforma Agraria constituye parte esencial de la estrategia global de desarrollo de la nación, por lo que las demás políticas económicas y sociales que el gobierno aprueba, deberán formularse y ejecutarse en forma armónica con aquella (sic)”.
Pertinente la pregunta entonces: ¿Se definen las políticas económicas y sociales en armonía con la Reforma Agraria? Evidente y reiterativamente, no. Sumamos y amontonamos incumplimientos a la Carta Magna.
Seguro, derivado de esa anomalía, se le da -por ejemplo- una enorme preponderancia al presupuesto para las elecciones primarias y se soslayan las previsiones de fondos a procesos tan cruciales como la Reforma Agraria, la inversión pública productiva y los presupuestos tan sensibles como la salud, la educación y la infraestructura energética.
Verdaderamente necesitamos dinero para que el organismo que administra los procesos electorales cumpla esa función decentemente. Pero, más allá de eso, necesitamos que exista también democracia real a través de la posesión, uso y resultados de la producción de la tierra, de los recursos naturales en general.
En nuestro patio, los personajes anclados en la política forman parte de una especie a la que la Constitución de la República solo les importa cuando puede ser usada (o tergiversada) a favor de sus intereses particulares. Son astutos y lanuzas para fabricar rebuscados pretextos y hacer esto o aquello y también, para no hacer lo que les corresponde en sus “delicadas” funciones como acostumbran adornarse en la redacción epistolar.Mientras tanto, el Instituto Nacional Agrario (INA) ha estado arrinconado desde hace años con presupuestos anuales de L400 a L500 millones que no le permiten profundizar en la reconversión de empresas campesinas, regularizar y distribuir tierras cumpliendo los procesos jurídicos, financieros y técnicos; además, de garantizar que la posesión de la tierra se traduzca en producción sostenida con mejoría del nivel de bienestar de los productores y trabajadores agrícolas. Para las elecciones primarias de marzo de 2025 se exige la aprobación de L1,500 millones, tres veces más que para aquello realmente esencial. No hay apuros para atender los rezagos históricos. Se atiende solo lo urgente, pero no lo vital.
