Cuando Laura Dogu llegó a Honduras en abril de 2022, el país atravesaba un momento histórico: la llegada al poder de Xiomara Castro, la primera mujer presidenta, quien prometía un “nuevo amanecer” tras décadas de corrupción sistémica y debilidad institucional.
Con un gobierno recién electo y la administración saliente hundida en la narcopolítica, una crisis migratoria desbordada y una democracia que cojeaba entre el esperanzador discurso de Castro Sarmiento y los viejos fantasmas del autoritarismo y la corrupción que se cernían en los cielos grises de este país de lluvias y peces.
La conclusión de su misión diplomática, luego de tres años como embajadora de Estados Unidos en Honduras, cierra un capítulo complejo en las relaciones bilaterales, marcado por desafíos políticos, tensiones con el gobierno de Castro y una lucha contra la corrupción y el narcotráfico que aún vive latente entre las sombras del poder.
La gestión de Dogu estuvo marcada por cuatro grandes desafíos: la pandemia de covid-19, durante la cual realizó donaciones de vacunas para proteger a los hondureños, elecciones primarias cuestionadas, la suspensión y reactivación del acuerdo de extradición, y una relación tensa con el gobierno del socialismo democrático.
Las elecciones primarias de marzo fueron un reto para la embajadora. El proceso estuvo plagado de irregularidades: denuncias de compra de votos en múltiples partidos, incluyendo al oficialista Libre, violencia política, con al menos cuatro precandidatos asesinados e injerencia del crimen organizado. Con prudencia diplomática, la embajada liderada por Dogu emitió declaraciones enérgicas pidiendo transparencia. Sus críticas racionales al proceso reforzaron la percepción de que Honduras sigue capturada por el clientelismo político.
Uno de los momentos más álgidos de su gestión fue la suspensión temporal del acuerdo de extradición, una medida impulsada por sectores políticos cercanos al gobierno. Dogu enfrentó el reto con firmeza y pragmatismo. La relación con la presidenta Xiomara Castro fue de la esperanza al desencuentro.
Desde el inicio, la embajadora Dogu mostró cercanías de cooperación con el gobierno de Castro, apoyando iniciativas como la creación de la CICIH con fondos y asesoría técnica, aunque las redes de corrupción política y el ilegal Congreso impidieron que se estableciera.
Auspició agendas de seguridad y desarrollo para comunidades vulnerables, programas de asistencia para reducir la migración y combatir pandillas. Pero la relación se deterioró por el acercamiento de Honduras a China, incluyendo negociaciones que alarmaron a Estados Unidos.
Sancionó a funcionarios deshonestos, incluyendo jueces y políticos vinculados al desfalco de fondos públicos mediante la Lista Engel, que permite a Estados Unidos señalar a personas por violaciones de derechos humanos o corrupción a gran escala. Además de las críticas de Dogu a la militarización de la seguridad pública.
La embajadora deja un balance de contribuciones positivas en un país donde las élites resisten cambios profundos para eliminar las raíces de la corrupción y la violencia social y política que siguen hundiendo a Honduras.
Pese a sus esfuerzos, queda un país donde los carteles siguen infiltrando instituciones, la migración hacia Estados Unidos no cede y la democracia sigue secuestrada por redes políticas. Además, las estructuras corruptas no se desmantelaron y la justicia hondureña sigue politizada bajo las banderas rojas y azules, que iluminan el puñal de oro.
Pero el verdadero legado de Dogu es haber expuesto que en este país la corrupción no es un error del sistema, sino el sistema mismo. Le decimos adiós desde Honduras, el país donde llueven peces gordos, pero la justicia se come los más flacos.
