Editorial

Vuelven las tomas en la UNAH

Los actos vandálicos perpetrados el miércoles por un grupito de encapuchados solo vienen a dar la razón a quienes desde hace tiempo han venido alertando de la existencia de una agenda oculta. Y es que sin Julieta Castellanos al frente, la excusa es que las tomas son en contra de la criminalización de la protesta pública y pacífica.

Como si cerrar el bulevar Suyapa, impidiendo el paso vehicular y violentando el derecho de los demás a la libre circulación, pudiera tomarse como un acto de protesta pacífico.

El rector interino no ha cumplido ni un mes en el cargo cuando estos vándalos vuelven a sembrar el caos y hacen temer nuevamente por el período académico, que ha transcurrido en una cuerda floja.

Es insólito también que pretendan la reintegración a la alma máter de los 20 jóvenes que fueron expulsados por un lapso de cinco años por ingresar en mayo pasado al edificio de Administración de Empresas y causar daños que ascienden a unos 300 mil lempiras, según el recuento de las autoridades. ¿Acaso pretenden que la justicia los mida con otra vara y los ponga por encima de los demás?

Estas acciones, el abuso y la necedad de estos agitadores, generan malestar en la sociedad hondureña, que ve casi con impotencia la descarada pretensión de estos encapuchados de exigir sus derechos violentando la ley y el derecho de los demás. Cinismo aún mayor por cuanto queda evidenciado que detrás de estas tomas y enfrentamientos con las fuerzas del orden hay un interés por sumir a la UNAH en la anarquía.

El precio que han significado el paro y las protestas desde 2016 para la Máxima Casa de Estudios es pagado con los impuestos de todos los hondureños. Millones de lempiras en pérdidas, pero sobre todo un retroceso académico con secuelas que difícilmente podremos dimensionar en el corto plazo.

De entrada, solo hay que mencionar que la UNAH retrocedió 20 puntos en la clasificación mundial de universidades.

Esperemos que las nuevas autoridades universitarias actúen con mano firme y hagan uso de todos los recursos que la ley les otorga para imponerse ante el anarquismo que un grupúsculo pretende mantener en la universidad del pueblo.