Honduras cuenta por fin con su nuevo Documento Nacional de Identificación (DNI), que coexistirá con la actual tarjeta de identidad hasta el día 15 de mayo, fecha de su caducidad según lo dispuesto en el artículo 6 del decreto 130-2020. El proceso ha sido largo y tortuoso, pero con el apoyo técnico y financiero del organismo de las Naciones Unidas y otros cooperantes internacionales ha logrado llegar a su fin.
Las autoridades del Registro Nacional de las Personas (RNP) han informado que el nuevo documento cuenta con una serie de medidas de seguridad que lo hacen “un documento de primer nivel, confiable y seguro”, y por el bien de la democracia y la ciudadanía se espera que así sea.
El proceso de emisión de este documento ha sido lento, pero ha supuesto, a la vez, la depuración del Censo Nacional Electoral, que fue señalado por años como una plataforma para fraudes electorales, para el desconocimiento de la voluntad popular en las urnas y una de las principales fuentes de la conflictividad político electoral que ha golpeado al país en las últimas dos décadas.
Se confía que todos los males que se le achacaban hasta ahora al Censo Nacional Electoral hayan quedado resueltos con el nuevo proceso de enrolamiento y que los muertos, así como quienes viven desde años en el extranjero, estén excluidos definitivamente del mismo y que sea con ese nuevo censo con el que se realicen las elecciones generales de noviembre próximo. La endeble democracia hondureña así lo demanda.
La ciudadanía espera, además, que los nuevos documentos de identidad sean robustos y que cuenten con todas las medidas de seguridad que tanto han sido publicitadas.
Porque no hay que olvidar que más allá del aspecto electoral, este será el documento que acreditará la nacionalidad hondureña de quien la porte a nivel nacional e internacional.
