La alta densidad poblacional de la capital, que aglutina a más de 1.1 millones de habitantes en el área urbana, y el déficit habitacional, de unas 200 mil viviendas son parte de un problema social que refleja la realidad de nuestro país.
Y es que Tegucigalpa y Comayagüela son un imán para miles de hondureños que emigran del área rural y de otras ciudades, buscando trabajo y las oportunidades que no tienen en sus lugares de origen.
Pero resulta que la capital no siempre llena las expectativas de estos nuevos habitantes, que viven en condiciones de pobreza y sin acceso a servicios básicos.
Esta es la realidad que impera en las cuarterías inspeccionadas la semana anterior por la Dirección Administrativa de Inquilinato (DAI) y la Región Metropolitana de Salud, en las que constató la insalubridad, falta de un contrato de arrendamiento y pago por parte del arrendador. Incluso, la DAI clausuró un local en el que se filtraban las aguas negras.
Y estamos hablando de que aquí viven niños, mujeres embarazadas y ancianos, hacinados, expuestos a enfermedades y en condiciones totalmente indignas.
En parte por la necesidad, ya que estos lugares suelen cobrar barato en comparación con los elevados precios de alquiler de la capital, dolarizados incluso por propietarios avorazados que se aprovechan de la elevada demanda de viviendas, sin que haya programas sociales que den respuesta a esta necesidad insatisfecha de la que también se lucran los bancos con las elevadas tasas de interés.
Como si no fuera suficiente, algunos de estos tugurios -que suelen ser también más vulnerables ante el azote criminal- se encuentran en zonas de riesgo, agudizando la sensación de inestabilidad y las precarias condiciones de vida de los habitantes.
Estos operativos para verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones, tanto de inquilinos como propietarios, deben ser constantes, dándole seguimiento al acatamiento de las recomendaciones hechas por las autoridades de inquilinato, así como las sanitarias, entre ellas la reubicación de las personas que habitan en zonas de riesgo para prevenir hechos que atenten contra la vida y la propiedad.
