Su gradual, sistemática y deliberada erosión por fuerzas políticas que buscan desplazarla para eventualmente eliminarla como forma y sistema de gobierno es una realidad en distintos países.
Por ello, debe permanentemente ser fortalecida y reforzada para que prive su contenido por sobre las ambiciones de poder. Los gobernantes deben estar atentos a las expectativas e intereses de los gobernados, en permanente comunicación los unos con los otros. Debe ser receptiva a las críticas, señalamientos, cuestionamientos ciudadanos, lo que requiere el irrestricto respeto a la libre emisión del pensamiento, sin restricciones ni hostigamientos a la prensa independiente.
La intolerancia e inflexibilidad deben ser reemplazadas por el diálogo receptivo a la crítica constructiva, descartando aquello de “se les paga o se les pega”, desafortunada conclusión de un expresidente hondureño.
El jurista Efraín Moncada Silva recordó que “cuando en una sociedad se irrespeta, incumple y quebranta la Constitución de manera continua, esta va perdiendo valor, prestigio y autoridad en una forma imperceptible, hasta volverse letra muerta en aquellas instituciones o disposiciones más afectadas por el persistente quebrantamiento constitucional (...). A medida que el comportamiento anticonstitucional va convirtiéndose en algo familiar en el modo de vida de un pueblo, se va perdiendo la fe en la Constitución y en sus instituciones, lo que conduce inevitablemente a la atrofia constitucional, con su consiguiente secuela política y social”.
Hoy, en todos los países del continente americano, de América Central, del mundo entero, la vigilancia y defensa del sistema democrático y de su ley fundamental debe ser obligación de toda persona que aspira a vivir en paz y en un sistema político en que prevalece el derecho y la justicia, para él y para sus descendientes.
