El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh) ha advertido recientemente de una problemática altamente peligrosa, dolorosa y de la que desgraciadamente poco se debate en la sociedad actual: la violencia a la que se enfrentan y en la que viven miles de niños y niñas en el territorio nacional.
Han compartido cifras dramáticas. Entre el 2023 y abril del 2024, el Conadeh atendió 371 quejas de diferentes modalidades violatorios de los derechos de la niñez, de los cuales, 93 se registraron en los primeros cuatro meses del presente año, escribieron en un comunicado, en el cual resaltan que alrededor de 950 niños y niñas murieron violentamente en los últimos 52 meses. Si estas son las estadísticas a las que se tienen acceso, seguramente las víctimas de este tipo de violencias son mucho más, teniendo como base la escasa cultura de la denuncia entre la población hondureña.
Los números de los que se disponen dejan un claro panorama de la gravedad de una problemática que no solo debe llamar la atención de la prensa y los periodistas, sino de quienes tienen en sus manos la elaboración de las políticas de defensa de los derechos de los y las niñas a nivel nacional.
En su comunicado, el Conadeh ha dejado recomendaciones que deberían de tomarse en cuenta, como la importancia de retomar la política pública sobre niñez y adolescencia que se aprobó en el 2013 y que hasta la fecha no tiene presupuesto, y la reactivación del Consejo de Prevención de Violencia hacia la Niñez y Juventud. Se trata de trabajar políticas integrales en las que estén involucradas todas las instituciones del Estado encargadas de garantizar y promover el respeto irrestricto de los derechos del niño, así como de definir los planes y las acciones que sean necesarios para prevenir las vulneraciones y la violencia hacia la niñez
