Debe ser un imperativo de la clase política hondureña en los meses venideros, previo a las elecciones primarias a las que se abocan los principales partidos políticos, y las elecciones generales de noviembre de 2025.
La agresión a la precandidata a diputada nacionalista Sara Zavala, la noche del lunes anterior en el marco de la entrega de las planillas de su partido al Consejo Nacional Electoral (CNE), debe ser rechazada y condenada por la sociedad.
Él o los responsables de este repudiable hecho, sean o no del partido en el gobierno, como ha denunciado la afectada, deben ser debidamente identificados y presentados a la justicia para su respectivo castigo. La impunidad solo envalentonará a los agresores e incrementará los niveles de violencia.
Por igual, deben ser condenadas todas aquellas voces que por motivaciones políticas partidistas salen a tratar de justificar la violencia en cualquiera de sus formas, porque no abona al proceso y debilita la democracia.
La libertad de expresión es un derecho humano esencial que permite a los ciudadanos expresar sus pensamientos, opiniones y críticas sin temor a represalias, vital para la toma de decisiones informadas y el debate público.
Este es el tiempo que desde los organismos electorales, desde el gobierno y las cúpulas de todos los partidos en contienda se alcen las voces para llamar a sus militantes a ejercer sus derechos políticos enmarcados en el respeto a la libre opinión y expresión de las ideas, pilares fundamentales para alcanzar una sociedad libre, justa y equitativa, sin olvidar que son los regímenes autoritarios los que impiden estos derechos con el fin de evitar las críticas y consolidarse en el poder.
Fomentar el odio hacia quienes piensan diferente no es la salida a los problemas de Honduras, solo socava los cimientos del proceso democrático que soñamos fortalecer.
