Tres Centros Integrales de Salud (del barrio Villa Adela, barrio Las Crucitas y el Alonso Suazo) de Tegucigalpa amanecieron ayer, por segunda semana consecutiva, tomados por colectivos del oficialista partido Libre que exigen la destitución de las autoridades de esos centros y plazas “que se ganaron en doce años de lucha en las calles”.
Pero las protestas no solo han sido en estos centros de salud, pues la semana anterior los protestantes tuvieron cerrados siete centros en total.
Desde el inicio de la administración de la presidenta Castro los colectivos hacen uso de este mecanismo de protesta en varias instituciones públicas, pero con énfasis en los centros de salud y hospitales, sin importar los daños que causan a la población que necesita de los servicios de salud.
Parece que los activistas políticos, pero al igual las autoridades, desconocen que con estas acciones están atentando contra un derecho fundamental del ser humano, reconocido en la legislación nacional e internacional de la que el Estado de Honduras es suscriptor.
Parece que se les ha olvidado que es obligación de las autoridades gubernamentales garantizar el acceso de las personas a los servicios de salud y que impedir la prestación de estos servicios puede causar hasta la muerte de los pacientes.
Es por ello inaceptable que se permita que estos colectivos mantengan cerrados los portones de los centros de salud y no les importe, por ejemplo, que una niña de tan solo 3 años que era cargada en brazos por su madre porque estaba “prendida en calentura” no haya encontrado la asistencia médica que demandaba.
Son al menos 8,000 atenciones las que han dejado de prestarse en los centros de salud cerrados por los políticos, 8,000 personas cuya vida depende de la atención que en los mismos se les brinde.
