Los abogados constitucionalistas tienen bien claro que no es a la brava como se va a eliminar el tratado de extradición con Estados Unidos, pues para que el proceso tenga plena validez la denuncia debe pasar por la aprobación del Legislativo como lo precisa el artículo 16 constitucional. Honduras es un Estado de Derecho, con obligaciones contraídas también internacionalmente a través de acuerdos y la aceptación de legislaciones que rigen el orden continental y mundial por lo tanto está obligada a supeditarse a la legalidad interna y externa y no a la fuerza o al autoritarismo.
Juan Carlos Barrientos, abogado experto en material constitucional, asegura que no basta la denuncia del Ejecutivo para eliminar el acuerdo de extradición, este tiene que pasar forzosamente por el Legislativo. Igualmente, Casa Presidencial no puede considerar que eso es de su exclusiva competencia porque quien realiza el proceso de entrega o no de un hondureño es el Poder Judicial. “Ese tratado fue aprobado por el legislativo entonces es el Congreso Nacional que tiene que derogarlo. En derecho las cosas se deshacen de la misma manera que se hacen originalmente”, explicó Barrientos.
Este 28 de febrero se cumplen seis meses de que la presidenta Xiomara Castro ordenó a Cancillería denunciar el mecanismo argumentando temer que se use como un “arma política”. Actualmente en el ambiente se respira incertidumbre sobre si ese día la denuncia entrará en vigencia, o si el Ejecutivo retrocederá. El canciller Enrique Reina ha manifestado que espera la negociación de Estados Unidos, algo ilógico porque la decisión del gobierno a quien más afecta es a Honduras.
Pero si Casa Presidencial continúa empecinada en denunciar el convenio, la extradición no desaparece definitivamente porque al seguir vigente en el artículo 102 de la Constitución bastaría con que un nuevo gobierno reactive el tratado.
