Si alguien llega al limpiarle el patio de la casa, ¿por qué le pondría trabas? Porque está limpio, porque oculta algo y teme su exposición, o porque le gusta vivir en la inmundicia. Así cuestionan diversos sectores la iniciativa de ciertos magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ), de algunos diputados, y ahora, increíblemente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), que promueven la aprobación de una ley de extradición, cuando las entregas de hondureños perseguidos por la justicia de otros países por narcotráfico, y con quienes Honduras tiene tratados, se ha venido realizando sin problemas con un auto acordado.
Desde el 2014, de 68 hondureños pretendidos por la justicia de Estados Unidos, 37 fueron capturados por la Policía Nacional, de los cuales 34 ya fueron entregados y tres están pendiente de remisión; pero por otro lado 18 connacionales se entregaron voluntariamente ante las autoridades norteamericanas, otros ocho los capturaron en aquella nación y siete fueron arrestados en terceros países y luego extraditados.
De los 68, un total de 65 -en su mayoría- cumple penas rigurosas tras revelar cómo eran intocables en Honduras, al financiar campañas electorales, sobornar a políticos en el poder, militares, jueces y policías. Gracias a sus confesiones, una veintena de hondureños está pendiente de captura y extradición y otros en proceso de solicitud.
Frente a tal situación, el ministro de Transparencia, Edmundo Orellana, ve “sospechoso” el interés que hay por la ley de extradición, igualmente el padre Ismael Moreno posteó en su cuenta de Twitter: “Tenemos derecho a sospechar que tras estos apuros existen manos y mentes poderosas de políticos para quienes la extradición les pisa los talones por sus compromisos con el narcotráfico”.
Trabar la extradición sería un retroceso en la lucha antinarcóticos y en el combate de la violencia e inseguridad que tanto daño y dolor le causan a la sociedad hondureña.
