La sociedad hondureña es testigo de una escalada de la violencia política en el país, pero con énfasis contra las mujeres que ocupan o aspiran a ocupar cargos públicos o posiciones de liderazgo en la vida política de la nación.
Son diversas las plataformas utilizadas para agredir, insultar y denigrar a quienes identifican como sus víctimas, entre las que se cuentan funcionarias electorales, diputadas, funcionarias públicas, pero también activistas y defensoras de los derechos humanos, líderes comunitarias y sociales, representantes de organizaciones no gubernamentales, funcionarias de organismos internacionales acreditadas en el país, profesionales de diversas áreas, periodistas y jóvenes.
Este tipo de violencia tiene múltiples consecuencias, desde psicológicas, físicas, problemas de salud, hasta la muerte.
Pero también golpea la democracia cuando por estas circunstancias las mujeres deciden abandonar los espacios políticos, lo que resulta en una menor representación femenina en cargos públicos y decisiones políticas.
Este es un problema multidimensional que requiere un enfoque integral para su erradicación, incluyendo reformas legales, educación, campañas de sensibilización y un compromiso activo de todas las partes de la sociedad para promover la igualdad de género y la protección de los derechos humanos.
Las agresiones en contra de las mujeres, sin importar su condición social y política, deben parar por parte de aquellos que quieren hacer prevalecer sus intereses atacando a sus contrarios, con lo que solo logran crispar y elevar los altos grados de polarización que ya prevalecen en la sociedad hondureña.
Es mucho lo que queda por hacer para enfrentar y tratar de erradicar estas abominables prácticas, de las que muchos hoy echan mano con fines aviesos.
Todos y todas debemos firmemente decir no a este tipo de violencias.
