Los ataques a la libertad de expresión en una democracia son inaceptables porque, precisamente, vulneran uno de sus pilares fundamentales, y tienen como único fin intimidar y callar las voces que les resultan incómodas a quienes gobiernan.
Hoy, estamos siendo testigos de las evidentes acciones contra la libertad de expresión desatadas desde la Secretaría de Finanzas, que ha anunciado una querella contra el director de Radio Cadena Voces (RCV), Dagoberto Rodríguez, en clara represalia por la publicación de un reportaje sobre presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos, y contra el medio de comunicación, al que acusa de difundir información sin pruebas como parte de una “campaña de desprestigio basada en información falsa, inexacta o inexistente”.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió en un comunicado que se trata, sin duda, de “un mecanismo de censura que vulnera los principios democráticos y contraviene los estándares internacionales de libertad de expresión”, y que “acciones judiciales de este tipo tienen un claro efecto intimidatorio y buscan desalentar el ejercicio del periodismo investigativo, fundamental para la rendición de cuentas y la transparencia gubernamental”.
En el pasado reciente, otras instituciones del Estado han amenazado con denuncias similares a periodistas y medios de comunicación que desde su sesgada visión “han osado” investigar y denunciar supuestas irregularidades en el ejercicio de sus funciones públicas.
Los periodistas nos opondremos firmemente a todos estos intentos que tienen como claro objetivo la censura, el miedo y la manipulación de la información, y estaremos firmes en la defensa del derecho humano y constitucional a la libertad de expresión e información.
