Defender los derechos humanos y del ambiente se ha convertido en Honduras en una actividad de altísimo riesgo, tal como lo señala un estudio de Global Witness 2023, en el cual se detalla que un promedio de 18 asesinatos de defensores ambientales y de territorios por año y una tasa de 15.6 homicidios por cada millón de habitantes, nos coloca como el país del mundo con más crímenes contra estos activistas.
El documento precisa que entre el 2012 y el 2023 en este país se registraron 149 asesinatos de ambientalistas y defensores de la tierra, dejando un promedio de 18 crímenes por año.
Las cifras solo reflejan que el Estado hondureño hace muy poco, o nada, por proteger los derechos humanos de los ambientalistas y defensores de la tierra.
La falta de investigaciones efectivas, eficientes y oportunas, como lo mandan los estándares internacionales, es un punto que agrava la situación, ya que ello permite que se sigan cometiendo crímenes en el país en total impunidad. “Es preocupante que se le comunique al Estado hondureño de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los defensores de derechos humanos, por el trabajo que realizan, y no se tomen las medidas correctivas o necesarias para proteger su integridad personal y su vida”, dijo recientemente la titular del Comisionado Nacional de Derechos Humanos en Honduras (Conadeh), Blanca Izaguirre.
Es un tema que además ha sido politizado, lo que hace más vulnerables a quienes luchan por la defensa de sus derechos, de la tierra y los recursos naturales. Es claro que las políticas de defensa de los derechos de estas personas no han sido todo lo efectivo que se espera. Es indispensable que se atiendan las causas estructurales que generan este tipo de violencia y para ello deben ponerse a funcionar todas las estructuras del Estado involucradas. La falta de investigaciones efectivas, eficientes y oportunas solo favorecen la impunidad.
