A pesar de que el Estado asigna anualmente un porcentaje importante al presupuesto de la Secretaría de Educación, la mayor parte del mismo se destina al pago de sueldos, salarios, viáticos al personal laborante en el mismo, consecuentemente, se registra un creciente deterioro y declinante cobertura en el sistema educativo nacional, que cada vez es más severo.
1.3 millones de jóvenes compatriotas no tienen acceso ni a estudios ni a empleo, indicativo de la falta de oportunidades, lo que induce a migrar o al ingreso a pandillas; apenas 3% de los centros educativos tienen acceso a internet y algunas que sí cuentan con equipo de computación, no disponen de acceso a mismo, en tanto la mayoría carece de equipos tecnológicos.
La falta de maestros en el sistema educativo público: si el 2020 las aulas escolares contaban con 90,836 docentes, este 2023 ha descendido a 70,097 mentores. Las nuevas plazas son reducidas, en detrimento de la cobertura.
Aquellos docentes que sí la tienen, cuentan con exceso de alumnos en sus aulas, lo que impacta en la atención individualizada. Veinte alumnos deberían atender en promedio un docente, pero la relación fluctúa entre 30 y 40.El tráfico de plazas es un problema crónico: se compran y venden al mejor postor o a cambio de favores sexuales.
Los contenidos educativos están desfasados, por lo que la calidad de la enseñanza no se vincula con los requerimientos y necesidades de la economía y el mercado de trabajo, por lo que los egresados de escuelas, colegios y universidades privadas compiten con ventaja respecto a los egresados del sistema educativo público, al momento de obtener empleo.
La malla curricular entonces no es ni pertinente ni relevante para la sociedad actual, cada vez más competitiva y especializada, que requiere de habilidades y destreza específicas, en las ciencias y las tecnologías, por eso nuestra juventud va rezagándose cada vez respecto a los incesantes cambios en el conocimiento, con perjuicio para las y los jóvenes y para la nación.
