Los criminales que liberaron a Alexander Mendoza, alias “El Porky”, el 13 de febrero de 2020 en los juzgados de El Progreso, Yoro, iban vestidos de militares; los que el 14 de julio reciente acribillaron a Saíd Lobo Bonilla, hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa, y a tres jóvenes más también usaron uniformes similares a los de la Policía, igual ocurrió hace 48 horas con los responsables de la masacre de cinco personas en Lomas de San Juan, sector del Carmen, San Pedro Sula.
¿Quiénes les proporcionan a los criminales estos uniformes? ¿Son auténticos? Las autoridades de investigación nunca dicen nada al respecto; aunque en la mira de algunos agentes están ciertos militares y policías corruptos que han traficado con la indumentaria y armas de sus instituciones tal como ocurrió en el caso de la liberación de “El Porky”, pues, según los investigadores, la logística salió de la Penitenciaría Nacional, prisión controlada desde hace años por los criminales.
En momentos donde el hampa no muestra temor, la lucha contra ella exige acciones rigurosas y esta debe empezar desde lo interno de las Fuerzas Armadas y de la misma Policía, identificando a los que trafican con la indumentaria y armamento institucional, y debe extenderse a la aplicabilidad de la ley.
El artículo 473 del Código Penal establece que: “Quien sin estar autorizado usa públicamente uniforme, insignias o equipo exclusivamente pertenecientes a los Cuerpos de Seguridad e Investigación del Estado o las Fuerzas Armadas, debe ser castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años o multa de 200 a 400 días. La pena a imponer debe ser la de prisión de cuatro a ocho años si el uniforme, insignia o equipo mencionados en el párrafo anterior se emplean para facilitar o encubrir la comisión de un delito”.
Prevenir y combatir la delincuencia en todas sus modalidades demanda compromiso de los operadores de justicia, así como de una mayor voluntad política.
