El gobierno de Nicolás Maduro da vivo ejemplo de conductas antidemocráticas que no deben tener cabida en ningún país. La Asamblea Constituyente con la que se consuma la dictadura fue instalada en medio de comicios fraudulentos, revelados por la misma firma contratada para gestionar el proceso ya de por sí ilegal.
Una de las primeras acciones de la polémica asamblea, un suprapoder integrado por 545 miembros, entre ellos el hijo y la esposa de Maduro, ha sido la destitución de la fiscal general Luisa Ortega, quien además será sometida a juicio por supuestas irregularidades en su gestión.
La rebelión protagonizada el fin de semana por un grupo de militares, detenidos por sospecha de traición, muestra que la profunda división en que se encuentra el país alcanza inclusive a un ejército que es columna vertebral de la dictadura, y entre cuyos altos mandos hay señalados por corrupción y narcotráfico.
El cerco internacional se extiende sobre el país sudamericano, suspendido del Mercosur, que denunció la “ruptura del orden democrático”, y señalado por la ONU por torturas y uso excesivo de la fuerza contra miles de manifestantes, entre otras violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
La Constituyente, que regirá a Venezuela por hasta dos años -mientras el mandato de Maduro termina en enero de 2019-, no tiene el reconocimiento de Estados Unidos, la Unión Europea, una decena de países de América Latina, la OEA y el Mercosur.
Sin embargo sus decisiones, que son de aplicación inmediata, buscan aniquilar cualquier disentimiento y en sus próximas acciones podría eliminar la inmunidad parlamentaria a varios opositores para enviarlos a prisión, en lo que ha sido anunciado por la disidencia como una “cacería de brujas”.
Mientras tanto, el pueblo venezolano vive uno de los peores tiempos de su historia, tratando de sobrevivir a la inflación, al hambre, la falta de medicinas, las violaciones a los derechos humanos y las balas que han cegado la vida de unas 125 personas en más de cuatro meses de manifestaciones.
