El gobierno de Costa Rica sorprendió el pasado fin de semana con el anuncio de que incluía a Honduras en la lista de países cuyos ciudadanos requerirán de una visa consular para ingresar a su territorio.
Las autoridades costarricenses no tuvieron ni siquiera la cortesía de enviar una notificación oficial sobre la decisión tomada a sus homólogas hondureñas y mucho menos a la delegación diplomática hondureña en San José, cuyos representantes tampoco conocían lo que estaba sucediendo, por lo que no pudieron alertar oportunamente a sus superiores en Tegucigalpa, quienes no tuvieron más que aceptar públicamente que se estaban dando cuenta de la decisión a través de los medios de comunicación que demandaban su opinión.
El canciller Eduardo Enrique Reina dijo ayer en un foro televisivo que la explicación que le dio su par costarricense es que el Ministerio de Seguridad ha detectado la presencia del crimen organizado y sicarios procedentes de Honduras, lo que coadyuva al incremento de la criminalidad en aquel país. “Las barreras migratorias son barreras de protección que en este momento estamos usando justamente para proteger al país ante la influencia sicarial y de bandas organizadas de Honduras”, dijo a medios de comunicación de su país el ministro de Seguridad, Mario Zamora.
Costa Rica está en todo su derecho de tomar tal decisión, una acción a todas luces soberana que se respeta, pero que no deja de sorprender el porqué dos naciones hermanas no hicieron uso de la herramienta del diálogo antes de asumir una decisión de manera unilateral, que golpeará el libre tránsito entre sus poblaciones y frenará sin duda el sistema de integración regional que se han propuesto los gobiernos de la región centroamericana, pero que se ve torpedeado con decisiones como estas.
