Hoy 30 de abril es el Día del Abogado y en este año, por disposición de la junta directiva del Colegio, se celebra en Juticalpa, Olancho, la asamblea general ordinaria en la cual tomará posesión la nueva junta directiva que dirigirá el destino de la institución.
Esta asamblea es de vital importancia no solo por la toma de posesión de las nuevas autoridades, sino porque en la misma se aprobarán o improbarán los informes y actas que presente la junta directiva de su gobierno (art. 25 LO-CAH).
Para que la asamblea se considere legalmente reunida en primera convocatoria se requiere la asistencia de más de la mitad de los colegiados, pero en segunda convocatoria será legal su instalación cualquiera sea el número de miembros que asistan (art. 22 LO-CAH).
Muchos de los que somos miembros de ese ilustre Colegio no asistiremos por múltiples razones; evidentemente, si la misma se hubiese realizado en la ciudad de Tegucigalpa, podría no solo instalarse en primera convocatoria (con mayor asistencia), sino que además disminuirían los costos económicos para el Colegio (cuyas finanzas están deterioradas) y reducirían los riesgos personales que se tomarán algunos colegas al desplazarse a la ciudad de Juticalpa.
El año pasado en la celebración de la asamblea se gastaron seis millones de lempiras (L 6, 000,000) entre su celebración y una fiesta borrachera que se llevó a cabo en un hotel capitalino; solo en arreglos florales se gastó la bicoca de noventa mil lempiras (L 90,000) –dijo un miembro de la junta directiva del Colegio–. ¿Cuánto se gastará hoy, con el combustible que está por las nubes?
¿Por qué celebrar una asamblea fuera del domicilio legal? Sobre todo en un lugar donde de primas a primeras se sabe que no tiene la capacidad para darle alimentación y hospedaje a 8,000 agremiados, mucho menos a 16,000.
¿La situación del país está para derrochar tanto dinero? Hay una frase popular que dice: “No hagas cosas buenas que parezcan malas”.
En los corrillos de los juzgados, tribunales, secretarías de Estado y demás entidades se dice que la administración que está por salir ha mal administrado los fondos del Colegio, y no solo esos fondos, sino que utilizó fondos del Instituto de Pensiones, es decir, del grupo más vulnerable del gremio, como son los jubilados y pensionados que podrían quedar desprotegidos.
Entonces, la intención es instalar la asamblea en segunda convocatoria, con los que asistan, y así manejar a su antojo la aprobación o improbación de sus informes con la mayoría de los presentes.
Es doloroso tener que dudar de las intenciones de la junta directiva o por lo menos de aquellos que asumieron tal decisión. El abogado es el más visto a través del lente de la ética o de la moral y estas prácticas ponen en precario su imagen.
