Parece que la emisión de la nueva tarjeta de identidad nadie la detiene. Hemos visto en los últimos días declaraciones de las autoridades del Registro Nacional de las Personas (RNP) con la noticia de haber comenzado a recibir ofertas de 25 empresas extranjeras, interesadas en su fabricación y confirmando las reuniones con el Consejo de Seguridad en Casa de Gobierno para determinar la factibilidad técnica y financiera del proyecto.
El pasado y actual directorio del RNP, y según declaraciones del abogado Fernando Anduray, ha estipulado que el costo del proyecto de emisión de una nueva tarjeta oscila entre los 800 a mil millones de lempiras. Pero a principios del actual directorio el abogado Miguel Villeda, director de la institución, enarboló la bandera de la depuración del censo, incluso dándole más importancia a la depuración que a un nuevo diseño de la tarjeta. Sin lugar a dudas la depuración es lo más importante para crear un sistema electoral fidedigno y no el actual caldo de cultivo para los partidos políticos que lamentablemente solo ven el problema de los “zombies” (muertos vivos), los militares en servicio y los reos votantes cuando quedan en la llanura del poder.
Un tema que evidenció contradicciones en las declaraciones públicas vertidas en los medios escritos entre funcionarios del actual RNP durante el 2014 fue la opción de una tarjeta de identidad con un chip que almacenaría la información de una licencia de tránsito, la afiliación del Seguro Social y otros, para el concepto de una “tarjeta de identificación única” o la opción de mantener la emisión de una tarjeta con los requerimientos de la actual. Cabe destacar que el sistema con chip tiene un valor más elevado y el inconveniente que obligaría al gobierno a comprar masivamente las lectoras que deberán ser utilizadas en todas las instituciones y empresas públicas y privadas para verificar la información que contendrán esos chips, lo que a la larga generaría un gasto mayor y la sospecha natural entre los hondureños de un negociazo que como es la costumbre llegarían a bautizarlo como “El Tarjetazo”.
A principios de este 2015 y ante el descalabro financiero del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y los varios años que dicha institución tenía de no emitir el carnet de afiliación, la Comisión Interventora decidió ya no emitir dicho carnet y validar como identificación del Seguro Social la actual tarjeta de identidad, sin sistema de chip ni máquinas lectoras, lo que deja probado que basta con la universalización de la nomenclatura de las tarjetas de identidad en las mismas instituciones públicas a partir de una base de datos específica, según los requerimientos particulares de cada ente, que en el caso de las licencias de tránsito sería verificada por un agente a través de radio a su propia central donde confirmarán si el portador de la tarjeta está licenciado para conducir. Gasto excesivo resuelto.
Pero falta aclararle a la ciudadanía si es el caso de una identificación con chip, que supondría un gasto mayor que la actual, constituiría a la larga un posible incremento al cobro de los 200 lempiras que en este momento cuesta la reposición de tarjetas de identidad, según las Disposiciones Generales del Presupuesto.
Si uno le pregunta al pueblo en la calle sobre temas de las tarjetas de identidad muchos dirán que lo único que debe hacerse es renovar las fotografías, como un proyecto masivo de actualización que debería ser financiado por el Estado, ya que la responsabilidad no es del ciudadano que tiene casi 20 años con una cédula que vencía en 10. Esperemos que las autoridades tomen la mejor decisión, que activen de nuevo las Mesas del Grupo de Fortalecimiento y Transparencia del RNP y se consensúen los pros y los contras con todos los sectores sociales y políticos del país y que no se olviden de la depuración del censo, no hacerlo dejara cabos sueltos de donde se sujetarán todas las dudas y críticas futuras, sino por mucho que se haga será como arrojarle perlas a los cerdos.