TEGUCIGALPA
Eran líderes, se sometieron al escrutinio popular y fueron electos alcaldes y alcaldesas de sus municipios, pero ahora enfrentan juicios ante la justicia hondureña. Eso le ocurre con al menos a ocho alcaldes y una alcaldesa, quienes han sido señalados por cometer delitos como sicariato, lavado de activos, extorsión, abuso de autoridad y contrabando.
De los nueve alcaldes que enfrentan la justicia solo dos han sido declarados culpables, el resto de los casos están en proceso.
Uno de estos casos es el de Arnaldo Urbina Soto, alcalde de Yoro, quien fue acusado de cometer el delito de lavado de activos. El edil también fue procesado por extorsión y almacenamiento de armas, pero de ambos cargos quedó absuelto. El fallo condenatorio fue logrado tras las pruebas presentadas por la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado (Fescco).
El alcalde fue capturado el 27 de julio de 2014, luego de un operativo desarrollado en su contra por supuestos vínculos con el narcotráfico.
El otro declarado culpable es Ramón Sarmiento, alcalde de Juticalpa. El 26 de abril de 2017 se realizó la audiencia ante el Tribunal de Sentencia, ya que el MP lo acusó de cometer el delito de almacenamiento ilegal de armas de uso prohibido. Otro que se enfrenta a la justicia es Víctor Manuel Meza, alcalde de Reitoca. Se le implica en una masacre donde murieron cinco personas en el sector de La Venta, al sur de Francisco Morazán.
También el alcalde de Talanga, Jorge Neptalí Romero, enfrenta la justicia porque se le supone responsable de los delitos de lavado de activos y asociación ilícita.
Otro de los ediles que enfrentan procesos penales es José Adalid Gonzáles Morales, de Sulaco, Yoro, a quien se le señala que encabezaba una banda dedicada a cometer asesinatos. En tanto a Santos Gabriel Elvir Arteaga, alcalde de Jocón, Yoro, el MP lo acusó de ser el cabecilla de la banda criminal de Los Solís, responsable de delitos de sicariato, robo de ganado y asesinatos. La Corte de Apelación le revocó el sobreseimiento provisional y le dictó auto de formal procesamiento.
Leopoldo Crivelli, alcalde de Choloma, Cortés, fue acusado por el MP por los delitos de abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y uso de documentos públicos falsos.
Mientras que el alcalde de Aguanqueterique, La Paz, cometió un hecho insólito al cobrar por adelantado 15 meses de su salario por el monto de 300 mil lempiras, por lo que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC, considera que eso es abuso de autoridad y es un hecho constitutivo de delito.
Otro señalado es Abel Solórzano Solano, alcalde de Humuya, Comayagua, que según una auditoría del TSC compró irregularmente un terreno a su esposa, lo que se considera como abuso de autoridad.
Mientras que a Vilma Yamileth Ordóñez, alcaldesa de Concepción de María, Choluteca, las autoridades de investigación la relacionaron con el decomiso de medicamentos en una unidad de transporte de su propiedad. La alcaldesa se presentó ante el juez competente en la capital y fue dejada en libertad
