Tegucigalpa, Honduras
Ante la polémica que ha generado el manejo de recursos públicos de parte de diputados del Congreso Nacional, la Secretaría de Finanzas determinó congelar los fondos departamentales y sociales.
Así lo refleja el memorando DM-013-2018 con fecha 31 de enero de 2018 del despacho de la ministra de Finanzas, Rocío Tábora, al que tuvo acceso EL HERALDO.
El documento fue girado a la Dirección General del Presupuesto, Dirección General de Inversión Pública, Dirección de Transparencia, Tesorería General de la República, Contaduría General de la República, Gerencia Administrativa y Auditoría Interna.
El documento establece que “por este medio con instrucciones del señor presidente de la República, Juan Orlando Hernández, se les instruye no iniciar ninguno de los trámites, ni desembolsos de las solicitudes del Fondo de Desarrollo Departamental, hasta que los procedimientos y reglamentos de gestión y liquidación del Fondo de Desarrollo Departamental estén completados”.
Esto significa que los parlamentarios del actual Congreso Nacional no podrán solicitar recursos estatales para promover la construcción de obras sociales en cada uno de sus departamentos.
El memorándum indica que “estos procedimientos y reglamentos fortalecerán la transparencia y rendición de cuentas, bajo mecanismos claros, ágiles, con normativas que garanticen el manejo eficiente de los recursos, a fin de medir y certificar el impacto económico social del gasto público en las comunidades beneficiadas”.
La Secretaría de Finanzas comenzará a hacer un análisis exhaustivo sobre el uso de estos recursos gubernamentales.
Los 400millones de lempiras del fondo Departamental no deberán ser desembolsados a los diputados del Congreso Nacional, según la circular de Finanzas. |
Presupuesto
El Congreso Nacional anterior había aprobado un presupuesto de 400 millones de lempiras para darle continuidad al Fondo de Desarrollo Departamental.
Así lo estipula el artículo 230 de las disposiciones generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el ejercicio fiscal del año 2018.
Pero con la medida de la Secretaría de Finanzas estos recursos económicos estatales quedaron congelados.
El memorándum no indica el tiempo en que se mantendrán suspendidos estos recursos.
Este fondo es utilizado por los diputados del Congreso Nacional para ejecutar proyectos comunitarios, inversión en obras y equipamiento o ayudas en las áreas sociales en los diferentes departamentos del país.
Con ello también queda en suspenso el convenio que deberían suscribir el Poder Legislativo y la Secretaría de Finanzas, donde se iba a establecer el procedimiento de gestión y liquidación del Fondo Departamental.
Investigación
El congelamiento da a lugar para que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) agilice sus investigaciones en torno a los fondos departamentales, instruida por el Congreso Nacional.
Y es que en las mismas disposiciones del Presupuesto de la República se aumentó en 45 millones de lempiras más al TSC para auditar los fondos que son manejados por los diputados.
Este ente acusador ya comenzó con la elaboración de un reglamento especial para llevar a cabo estas investigaciones.
Asimismo, conformará una unidad de auditores para efectuar las investigaciones de los exdiputados y diputados durante las gestiones de Manuel Zelaya, Roberto Michelleti y Porfirio Lobo Sosa.
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Señalamientos
En los últimos días, la utilización irregular del Fondo Departamental ha sido cuestionada fuertemente por diferentes sectores de la sociedad hondureña, motivados por la denuncia de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih).
Semanas atrás, la Maccih denunció el caso conocido como el “subsidiazo”o la “red de diputados”, hecho en el que salieron salpicados cinco diputados del anterior Congreso Nacional.
Se trata de los exdiputados Augusto Cruz Asensio, Héctor Padilla, Audelia Rodríguez, Eleázar Juárez y Dennys Sánchez. A ellos se les acusó de haberse apropiado de fondos públicos para desviarlos a través de organizaciones no gubernamentales.
Ellos quedaron libres la semana anterior luego de que la jueza determinara turnar el caso al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) luego de una polémica reforma a la Ley de Presupuesto, aprobada en el Poder Legislativo anterior.
La Maccih reparó en esta reforma hasta que ya estaba vigente al ser publicada en el diario oficial La Gaceta.
De acuerdo a datos del Congreso Nacional, esta reforma fue aprobada el jueves 18 de enero del año 2018 a las 5:11 de la tarde con el apoyo de 69 diputados, 11 abstenciones y dos votos en contra.
El vocero de la Maccih, Juan Jiménez Mayor, calificó su aprobación como “un pacto de impunidad”.
Según la Maccih, también están salpicados cerca de 60 exdiputados y diputados que habrían malversado fondos públicos utilizando una red de ONG, tal y como lo habrían hecho los diputados señalados anteriormente.
Las pesquisas de la Maccih indican que esta red se apropió de más de 1,300 millones de lempiras entre los años 2011 y 2015.
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PreceptosEl CNA consideró que esta reforma viola los preceptos constitucionales de igualdad, consignados en el artículo 60 y 61 de la Constitución de la República. Asimismo, se ha violenta el artículo 96 de la retroactividad de la norma. |
Tres años
Según la reforma, el TSC tendrá tres años para culminar las indagaciones, y de proceder penalmente deberá ser remitida al Ministerio Público.
Esto fue considerado por la Maccih como un freno al combate a la corrupción en Honduras, porque se podrían iniciar investigaciones hasta que una sentencia tomara carácter de firme, pero los parlamentarios corrigieron el error mediante una fe de erratas eliminando el último párrafo del artículo 131-A de las disposiciones del Presupuesto.
Frente a ello, la Maccih volvió a cuestionar al Congreso Nacional anterior y denunció que ese poder del Estado manipuló la aprobación de la Ley del Presupuesto.
“Esto no es un error, esto no es una errata. Esto es un delito y lamentamos muchísimo tener que presentar esto porque afecta evidentemente las investigaciones, afecta una decisión judicial”, señaló Juan Jiménez Mayor al respecto.
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CNA presenta recurso ante CSJ
Las acciones legales para revertir y frenar la controversial reforma al artículo 16 de la Ley Orgánica de la Presupuesto no se dejaron esperar en el Poder Judicial.
El miércoles los representantes del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) llegaron a la sede de la Corte Suprema de Justicia a interponer un recurso de inconstitucionalidad en contra de la reforma y fe de erratas del artículo 16 de la Ley del Presupuesto General de la República.
Al filo de las 11:00 de la mañana, la directora ejecutiva de ese ente de sociedad civil, Gabriela Castellanos, y el coordinador de la Unidad de Investigación, Odir Fernández, interpusieron la demanda.
A juicio de los representantes del ente de la sociedad civil, dicha reforma “genera impunidad en el país”.
“El CNA interpuso ante la Sala Constitucional una demanda de inconstitucionalidad por razón de forma de contenido material y sustancial en contra del decreto 141-2017 y su fe de erratas”, confirmó Castellanos a medios de prensa.
El CNA se vio motivado a interponer dicho recurso, debido a que su misma ley lo contempla, a fin de luchar contra el flagelo de la corrupción pública en diferentes perspectivas, teniendo en consideración la salvaguarda de los intereses ilegítimos de la sociedad civil, explicó Castellanos.
Tras una serie de análisis realizados por expertos legales del CNA, “la aplicación del decreto relacionado invade y neutraliza nuestro mandato legal como órgano de sociedad civil creado para realizar auditorías sociales e investigar la conducta de los funcionarios públicos que cometen supuestos delitos en el ejercicio de sus funciones”, dijo Castellanos.
El CNA solicitó a los magistrados de la Sala Constitucional de la CSJ analizar a la mayor brevedad posible el recurso y turnarlo al Ministerio Público para que este ente contralor emita una opinión respecto a la polémica reforma y la fe de erratas, ambas ya publicadas en el diario oficial La Gaceta. Es el primer recurso interpuesto contra esa enmienda.
