El Registro Nacional de las Personas (RNP) es una institución en crisis permanente.
En la actualidad, hasta la tarjeta de identidad de más de seis millones de hondureños tienen vencida su vigencia.
La histórica politización de la institución no le ha permitido evolucionar y garantizar una efectiva identificación y procesos de registro civil.
Basta llegar a las oficinas del RNP a nivel nacional para apreciar el deterioro de las instalaciones, el equipo obsoleto y, de paso, la mala atención de algunos de sus funcionarios.
La falta de material para la impresión de tarjetas de identidad y partidas de nacimiento ha sido un problema histórico que se soluciona a medias.
Para lograr recursos, el RNP aprobó cobrar 200 lempiras al ciudadano que llegue a reponer su tarjeta de identidad en caso de que la haya extraviado.
La disposición solo queda suspendida en periodos electorales, pero la Secretaría de Finanzas (Sefin) se encarga de reponer esos recursos.
Para las elecciones primarias y generales de 2017, la Sefin tuvo que compensar la exoneración de este cobro, otorgando 39 millones de lempiras a la institución.
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En los procesos electorales el RNP siempre pide ampliación presupuestaria para poder cumplir con los compromisos que ya estipula la ley.
El año anterior, la junta directiva del RNP había solicitado 260 millones de lempiras adicionales al presupuesto aprobado.
No obstante, el Congreso Nacional, finalmente, le otorgó 173 millones de lempiras para que cumpliera con su cometido de identificar a todos los hondureños a última hora.
La falta de cumplimiento de los compromisos laborales provoca que empleados paralicen la institución cuando quieran. Así sucedió el año pasado, cuando las autoridades no le habían pagado a más de 400 trabajadores de contrato temporal.
La pelea por contratar activistas de los diferentes partidos políticos en la institución es una queja permanente.
Los pleitos internos afloran a cada momento debido a que todos los partidos políticos quieren ser parte del pastel, metiendo a su gente.
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Vencido
Una de las principales deudas del RNP es la tarjeta de identidad, que ya tiene unos 21 años de circular, cuando lo establecido solo son diez. El documentos de identificación de los hondureños está completamente desactualizado.
El Congreso Nacional lo único que ha hecho es prorrogar la vigencia de la tarjeta de identidad, por unas cuatro ocasiones.
La última vez fue en el 2015, cuando se aprobó su vigencia hasta enero de este año. Esto significa que más de seis millones de hondureños tienen su documento personal vencido.
Como en otras ocasiones, en el 2015 se habló del proyecto de la nueva identidad, a un costo de 800 millones de lempiras.
En el 2014, las autoridades del RNP anunciaron la nueva identificación, dijeron que contaría con unas 20 medidas de seguridad.
En julio ese año en Gracias, Lempira, el Congreso Nacional emitió un decreto legislativo que ordenaba la modificación de la tarjeta de identidad.
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El documento quedó pendiente de la sanción por parte del Ejecutivo, pero hasta el momento sigue engavetado, mientras la identidad cada día se desactualiza a paso acelerado.
Otro de los principales problemas es que la maquinaria donde se imprime la identidad está completamente obsoleta y encontrar los repuestos resulta complicado y oneroso para la institución.
Fernando Anduray, secretario general del RNP, declaró a EL HERALDO que para enero de este año o diciembre de 2017 estaba vigente la identidad, pero que hoy lo confirmaría, para poner mano en el asunto.
Constató que el actual documento tiene 21 años de estar circulando en el país, porque lo aprobaron en 1996 y entró en vigencia en 1997.
Pero desde entonces no se ha logrado emitir una nueva por la falta de recursos.
La falta de presupuesto es un problema para lograr la modernización de la institución, según el funcionario.
Para el 2017, el presupuesto que manejaba el RNP era de 498,129,005, lempiras, aparte de lo asignado para el procesos electoral, que en total sumaba más de 800 millones de lempiras.
Para este año el Congreso Nacional, les aprobó 558,582,175 lempiras.
Anduray explicó que esto es un problema porque les aumentaron las cuotas de ingresos propios, es decir que por los servicios que prestan tienen que cobrar al ciudadano, unos 103 millones de lempiras y el año pasado solo era 62 millones.
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